Las autoridades cubanas han difundido una ampliación de la denuncia sobre el intento de infiltración terrorista que fue neutralizado por las Tropas Guarda Fronteras el pasado 25 de febrero en aguas de la provincia de Villa Clara. Esta segunda entrega de la investigación aporta nuevos elementos, incluyendo transcripciones de confesiones de los terroristas sobrevivientes y otros implicados detenidos posteriormente, que ratifican la autoría de actos violentos organizados y financiados desde territorio estadounidense.
Los hechos se originaron la noche del 24 de febrero, cuando dos embarcaciones partieron desde Florida con cinco personas en cada una. Según las investigaciones, una de las lanchas sufrió una avería mecánica tras cuatro o cinco horas de navegación, lo que obligó a los implicados a trasladar todas las armas y pertrechos a la embarcación denominada “Tornado”, la cual logró continuar la travesía hacia la Isla. Este transbordo provocó un retraso en la llegada del grupo a su destino.
La embarcación fue detectada finalmente a 3,7 millas al oeste de Bahía de Cádiz, en el municipio Corralillo. Tras sufrir una encalladura temporal en la zona de los canalizos, los infiltrados intentaron huir al notar la aproximación de la lancha de las Tropas Guarda Fronteras que procedía a identificarlos. Durante la persecución resultante, los ocupantes del “Tornado” abrieron fuego contra los efectivos cubanos, hiriendo con dos disparos al comandante de la unidad. El enfrentamiento armado culminó con cinco agresores abatidos y la detención de varios implicados.
La investigación del Ministerio del Interior ha señalado a Maritza Lugo Fernández, cubana residente en Estados Unidos y cabecilla del Movimiento Revolucionario Partido Democrático 30 de noviembre, Fran País, como la principal organizadora y financista de la operación. En las transcripciones, Lugo Fernández admite haber realizado actividades contra el gobierno cubano tanto desde la isla como desde su residencia en Estados Unidos durante las últimas cuatro décadas, aunque niega las acusaciones de terrorismo.
El arsenal incautado revela la magnitud de la operación. El grupo transportaba 11 armas largas, 15 pistolas, cócteles Molotov y niples con sustancias explosivas. Asimismo, contaban con medios de comunicación avanzados, incluyendo walkie-talkies, teléfonos satelitales y una estación Starlink. Se ha revelado que parte de la preparación de los implicados tuvo lugar en una finca propiedad de la organizadora en Estados Unidos.
Entre los implicados identificados, tanto detenidos en Cuba como residentes en EE. UU., figuran Leordan Enrique Cruz Gómez, Raúl Manuel Pupo Quevedo, Javier Verovides Rodríguez, Amijail Sánchez González, Duniel Hernández Santos, José Manuel Rodríguez Castelló, Conrado Galindo Sariol y Cristian Ernesto Acosta Guevara. Otros nombres vinculados a planes de infiltración son Ardenys García Álvarez, capturado en octubre de 2024 con armamento en una moto acuática, y Alfredo de León Fernández, detenido en 2022.
Las confesiones de Amijail Sánchez y Leordan Cruz han sido determinantes. Sánchez González es señalado por promover y financiar ataques con cócteles Molotov contra el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana y la sede de los CDR Provincial en La Habana, además del corte de fibra óptica en Sierra de Cubitas y diversos incendios en Cienfuegos. Por su parte, Cruz Gómez se encargó del reclutamiento y entrenamiento de cubanos en Estados Unidos para ejecutar intervenciones armadas.
Los implicados habrían sido reclutados a través de redes sociales y pertenecen a organizaciones anticubanas como la Nueva Nación Cubana, Cuba Primero, el Partido Republicano de Cuba, Escudo Cubano o Autodefensa del Pueblo. El plan confesado consistía en tomar unidades militares y entregar armamento a la población para organizar un levantamiento que provocara una intervención militar del gobierno de Estados Unidos.
Cuba ha denunciado la impunidad con la que estas organizaciones operan en territorio estadounidense. El Ministerio del Interior mantiene la alerta máxima y advierte que no tolerará intentos de desestabilización violenta. El proceso judicial se ampara en la Constitución cubana y convenios internacionales contra el terrorismo, imputando delitos que pueden conllevar desde 10 años de prisión hasta la pena de muerte en su grado máximo. Las autoridades cubanas afirman que los detalles de la investigación ya han sido entregados al gobierno norteamericano.
