¿Salvadora de sueños habitacionales u operadora política? Jacqueline Lleucún Uribe, exjefa de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes, rompe el silencio tras su desvinculación en 2024.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha sido tajante: la gestión de Lleucún estuvo reñida con los principios de probidad, advirtiendo que no tolerarán malas prácticas ni vinculaciones de personas destituidas en el servicio.
El centro de la polémica es la asignación de un subsidio habitacional a la pareja del diputado Alejandro Riquelme, quien declaró ser madre soltera para acceder al beneficio. Lleucún se defiende asegurando que se basó estrictamente en el Registro Social de Hogares, calificándolo como la "biblia" del proceso, y traslada la responsabilidad a la entidad patrocinante privada y a quien entrega la información.
La exfuncionaria denuncia que fue víctima de una "guerra administrativa" y una maniobra política iniciada por el gobierno de Gabriel Boric para eliminar a funcionarios de la administración anterior. En este sentido, apunta directamente a Omar González, exdirector subrogante, señalándolo como el verdadero responsable de los procesos de fiscalización y escrituración.
Respecto a la entrega de viviendas de tres dormitorios a personas solas, Lleucún argumenta que se ajustó a decretos supremos visados por Contraloría que las regiones no tienen la facultad de modificar.
Aunque admite su militancia en la UDI y su admiración por el alcalde Claudio Radonich, niega haber operado políticamente los beneficios sociales, afirmando que la vivienda no tiene color partidista. Actualmente, se encuentra desempleada y evalúa iniciar acciones legales contra el ministro Poduje por afectar su honra y profesionalismo.
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