La Administración de Donald Trump ha puesto sobre la mesa una propuesta para suministrar combustible a Cuba en un momento en que la isla enfrenta una de las crisis energéticas más severas de las últimas décadas. Según reveló un portavoz del Departamento de Estado en declaraciones brindadas a Martí Noticias, Washington estaría dispuesto a facilitar este recurso, así como asistencia humanitaria, siempre y cuando el Gobierno cubano acepte una condición fundamental relacionada con la estructura económica del país.
La exigencia planteada por Estados Unidos implica una modificación profunda en uno de los sectores más estratégicos controlados por el Estado cubano. El portavoz estadounidense señaló que la Administración Trump ha ofrecido opciones claras para que el régimen reciba ayuda humanitaria a través de canales apropiados y suministros de combustible, pero condicionó dicha entrega a que La Habana proceda a privatizar la industria energética. Desde Washington sostienen que, hasta el momento, el gobierno cubano ha continuado priorizando el control estatal sobre el bienestar de la población.
A pesar de la revelación de esta oferta, aún no se han dado a conocer públicamente los detalles técnicos y logísticos de la propuesta. Persisten interrogantes sobre la cantidad exacta de combustible que Estados Unidos facilitaría, los mecanismos operativos para hacer llegar el suministro a la isla y el alcance específico de la participación privada que se exige para concretar el acuerdo.
Este anuncio ocurre en un contexto de versiones contradictorias sobre la relación diplomática entre ambos países. Por un lado, Lianys Torres Rivera, jefa de la misión cubana en Washington, afirmó en una entrevista con Bloomberg que el diálogo entre los dos gobiernos se encuentra completamente estancado, asegurando que ni siquiera se ha logrado establecer una agenda acordada para las conversaciones.
Sin embargo, el Departamento de Estado ofreció una versión opuesta, calificando las declaraciones de la diplomática cubana como propaganda. El portavoz estadounidense afirmó que las conversaciones continúan activas, pero sostuvo que el régimen cubano no ha estado dispuesto a aceptar ninguna medida que pueda ayudar al pueblo y que, al mismo tiempo, represente una amenaza para su control total sobre la nación.
La urgencia de este suministro se refleja en la situación crítica del sistema energético cubano. El propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció en el mes de mayo que el país no disponía absolutamente de nada de diésel ni de fuel. Los datos indican que uno de los pocos suministros relevantes del año ocurrió en marzo, cuando el petrolero ruso Anatoly Kolodkin entregó aproximadamente 730.000 barriles de crudo, una cantidad que solo cubre entre 10 y 15 días de consumo interno.
A la escasez de combustible se suma el grave deterioro de las plantas termoeléctricas, lo que ha provocado una serie de apagones prolongados que, en diversas regiones, superan las 20 horas diarias. En lo que va de 2026, Cuba ha registrado siete colapsos totales de su Sistema Eléctrico Nacional, siendo el más reciente el ocurrido el 3 de agosto. Previamente, el 8 de julio, se reportó un déficit récord de 2.341 MW.
Las causas de esta crisis son motivo de disputa. Torres Rivera describió las medidas impuestas por Estados Unidos como una guerra sin bombas y un castigo colectivo, argumentando que las sanciones y restricciones al suministro energético son factores decisivos en la crisis actual.
Por el contrario, Washington responsabiliza directamente al modelo de administración cubano. El portavoz del Departamento de Estado calificó la situación como resultado de la incompetencia del régimen, acusando a las autoridades de reservar recursos para sectores privilegiados y de revender combustible en Asia para obtener divisas. Asimismo, el funcionario denunció que dirigentes cubanos mantienen miles de millones en cuentas bancarias extranjeras en lugar de invertir esos fondos en infraestructura, mantenimiento y electricidad.
A pesar de estas tensiones, la Administración Trump asegura que mantiene abierto el canal de comunicación con La Habana. El portavoz subrayó que el presidente dispone de diversas opciones y herramientas para promover reformas políticas y económicas en la isla, reiterando que la fórmula actual es clara: combustible y asistencia a cambio de la apertura de la industria energética a la gestión privada.
