El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se encuentra en el centro de una nueva controversia tras revelarse que omitió información relevante en su declaración jurada de intereses. El funcionario no consignó el cargo que su padre, Rafael Belaunde Aubry, desempeña como director de la empresa minera Paltarumi S.A.C., nombramiento que se produjo en mayo del presente año.
La omisión fue puesta al descubierto por el medio de comunicación Latina Noticias, luego de que se accediera a la partida registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). En dicho documento oficial consta que Belaunde Aubry fue designado como director de la compañía Paltarumi para el periodo comprendido entre 2026 y 2029, integrando un directorio compuesto por siete personas en total.
Este hallazgo contrasta directamente con la declaración jurada presentada por el ministro de Defensa ante la Contraloría General de la República inmediatamente después de jurar su cargo el pasado 28 de julio. En el formulario donde el funcionario debe identificar a sus familiares directos, precisar el vínculo de parentesco y detallar la actividad laboral o profesión de cada uno, Belaúnde escribió explícitamente "No labora" en el espacio destinado a la información de su padre.
Al ser consultado sobre este hecho por Latina Noticias, el ministro Belaúnde negó tener conocimiento de la situación. En sus declaraciones, afirmó: "No sé qué relación es. No sé si es una relación laboral, o tiene un cargo, o es miembro de un directorio". Asimismo, aseguró desconocer tanto las actividades comerciales de la empresa Paltarumi como la identidad del señor Pflucker.
Este incidente no ocurre de forma aislada, sino que se suma a otros cuestionamientos que pesan sobre el titular de Defensa relacionados con el sector minero. Previamente, el ministro había enfrentado críticas por el financiamiento de su campaña presidencial con el partido Libertad Popular. Se reportó que Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, realizó aportes por un monto total de S/1,6 millones. Ante esto, Belaúnde ha sostenido que dichos fondos no provinieron de la empresa ni fueron entregados directamente a su persona, alegando que Arias contribuyó "a título personal".
De manera más detallada, se ha precisado que la dueña de Minera Poderosa, Evangelina Arias Vargas, efectuó ocho aportes distintos que sumaron la cifra de S/1,480,000 en favor de la candidatura presidencial de Belaúnde.
A estas controversias financieras se añade un cuestionamiento sobre el uso de recursos privados para fines públicos. Según un informe de la Unidad de Investigación de La República, más de 500 efectivos del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) —conformado por personal del Ejército y la Policía Nacional— ocupan desde mayo de 2025 las instalaciones de la minera Poderosa en las zonas de Hualanga, Vijus y Santa María. El informe detalla que los efectivos militares duermen, comen y se movilizan utilizando camionetas 4x4 proporcionadas por la empresa.
A pesar de que existen fotografías que muestran a los militares haciendo fila en los comedores de Poderosa junto a los trabajadores de la minera, el ministro ha negado que su despacho brinde un trato diferenciado a la compañía. Por su parte, Minera Poderosa confirmó que el CUPAZ utiliza sus instalaciones, aunque negó que esto implique cualquier tipo de pago, contraprestación o control de la empresa sobre las decisiones operativas de las fuerzas del orden.
El despliegue militar y logístico en la zona se ha mantenido sin cambios a través de diversas administraciones, pasando por los gobiernos de Boluarte, Jerí y Balcázar, y persistiendo bajo la actual gestión de Keiko Fujimori, quien designó a Belaúnde como ministro de Defensa.
Finalmente, la respuesta desde el Poder Legislativo ha sido moderada. El presidente del Congreso, Miguel Torres, representante de Fuerza Popular, evitó cuestionar directamente la omisión en la declaración jurada. Torres argumentó que un cargo en un directorio no necesariamente genera una "relación laboral" y señaló que, al ser información pública, corresponde realizar la consulta al ministro, sin embargo, no anunció medidas de fiscalización inmediatas ni exigió explicaciones urgentes.
