La Cancillería de Argentina ha puesto en marcha este viernes una serie de procedimientos sancionatorios dirigidos contra un total de 45 sujetos, entre los que se encuentran tanto personas humanas como personas jurídicas. Esta medida responde a una investigación en curso sobre la presunta violación de la legislación nacional por parte de estos actores, quienes estarían involucrados en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas. El archipiélago se encuentra actualmente bajo ocupación británica, aunque Argentina mantiene y reivindica activamente su soberanía sobre el territorio y sus espacios marítimos.
La decisión de iniciar estas acciones legales fue dispuesta bajo instrucciones directas del presidente argentino, Javier Milei. Para dar sustento y agilidad a este proceso, el mandatario procedió a la firma de un decreto destinado a optimizar los mecanismos de aplicación de la Ley n.° 26.659. Esta normativa, aprobada por el Parlamento argentino en el año 2011, es la herramienta legal que regula estrictamente las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental argentina.
Según detalla el comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente, la Cancillería ha centrado su accionar en investigar y sancionar el incumplimiento de las prohibiciones establecidas específicamente en el artículo 2 de la citada ley. El Gobierno sostiene que los 45 sujetos investigados estarían desarrollando actividades vinculadas a la extracción de recursos energéticos en las islas Malvinas sin contar con la debida autorización del Estado argentino.
Un punto relevante de esta medida es la amplitud del alcance de las sanciones. El texto oficial aclara que el procedimiento sancionatorio no se limitará exclusivamente a las empresas que estén ejecutando directamente las actividades hidrocarburíferas de manera ilegítima en la plataforma continental. La investigación se extenderá también hacia los accionistas de dichas compañías, así como hacia aquellas empresas que hayan prestado servicios necesarios para que las operadoras pudieran llevar a cabo su actividad extractiva.
La Ley 26.659 es clara al establecer que cualquier empresa que realice tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin el consentimiento del país enfrentará sanciones. Asimismo, la ley contempla penalizaciones para cualquier entidad o persona que participe, ya sea de forma directa o indirecta, en tales proyectos, incluyendo a los proveedores de servicios.
Este marco legal ya ha sido aplicado en ocasiones anteriores por el Estado argentino. En el año 2013, la petrolera británica Rockhopper fue sancionada bajo esta legislación. Posteriormente, en 2022, la empresa israelí Navitas enfrentó una medida similar. Ambas compañías eran socias en el proyecto denominado Sea Lion, una iniciativa situada aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas. Como resultado de estos procesos, ambas empresas fueron inhabilitadas para operar en territorio argentino por un periodo de veinte años.
En relación con el proyecto Sea Lion, actualmente operado por Navitas, la información indica que se encuentra en una fase inicial de desarrollo. A finales de 2025, las empresas implicadas anunciaron su decisión final de inversión, con el objetivo establecido de comenzar la extracción de crudo en marzo de 2028.
Acompañando estas acciones legales, el Gobierno de Javier Milei ha reafirmado la postura diplomática del país sobre el conflicto de soberanía. El comunicado oficial es tajante al sostener que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus correspondientes espacios marítimos e insulares, son argentinos por razones de historia y derecho. El Gobierno subrayó que esta posición es indiscutible y que la soberanía argentina persistirá independientemente de quién ocupe el territorio.
Para fortalecer la vigilancia, el decreto firmado por el presidente establece nuevos mecanismos operativos. A partir de ahora, los organismos de la Administración pública tienen la obligación de reportar de manera inmediata cualquier actividad detectada de empresas en las Malvinas que se realice sin la autorización de Argentina, permitiendo así el inicio acelerado de los sumarios correspondientes.
Finalmente, el Ejecutivo ha vinculado el cumplimiento de esta normativa con los incentivos económicos actuales. Aquellas empresas que incumplan la ley y sean sancionadas quedarán automáticamente excluidas de los proyectos contemplados en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Este régimen, creado en 2024 por el gobierno de Milei, ya está beneficiando a diversas iniciativas dentro del sector de hidrocarburos, convirtiéndose ahora en una herramienta de presión económica adicional para asegurar el respeto a la legislación argentina en el Atlántico Sur.
