Este viernes comienza oficialmente el proceso de votación por correo para las elecciones de mitad de mandato de 2026 en el estado de Carolina del Norte. Sin embargo, este inicio se produce en un clima de profunda incertidumbre, ya que las normas que regulan la emisión y recepción de estos votos se encuentran actualmente en el centro de una intensa disputa legal.
El escenario actual está marcado por un conflicto de decisiones judiciales. Recientemente, un juez federal emitió una orden para bloquear temporalmente al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), impidiendo que la entidad aplique nuevos requisitos para el voto por correo. Estas exigencias se derivan de un amplio decreto firmado por el presidente Donald Trump en marzo pasado. Esta suspensión judicial ocurre apenas unos días después de que la Corte Suprema determinara que el Gobierno de Trump tenía la facultad de comenzar a implementar diversas secciones de dicho decreto.
A las complicaciones legales se suman serios problemas operativos dentro del propio Servicio Postal. Un informe presentado por un denunciante anónimo ha revelado que diversos funcionarios del USPS ya han advertido sobre fallos informáticos significativos. Específicamente, los problemas radican en un nuevo sistema diseñado para la verificación de las boletas enviadas por correo, lo que pone en duda la eficiencia del proceso. Además, funcionarios han manifestado que la falta de presupuesto, personal insuficiente y la carencia de papel representan obstáculos críticos que hacen inviable el cumplimiento de las normas impuestas por la administración de Trump.
El voto por correo no es un fenómeno nuevo, pero ha experimentado un crecimiento considerable, consolidándose como una herramienta fundamental en el sistema electoral estadounidense durante las últimas dos décadas. No obstante, la gestión de este proceso es compleja debido a que cada estado establece sus propias reglas sobre quiénes son elegibles para votar de esta manera, resultando en un mosaico de políticas diversas que han evolucionado con el tiempo.
Para poner en perspectiva esta evolución, los datos del Center for Election Innovation & Research indican que, en el año 2000, solo 21 estados permitían que cualquier votante emitiera su voto por correo. En la actualidad, esta cifra ha aumentado a 37 estados, sumando además a la ciudad de Washington. Por otro lado, existen 13 estados que ofrecen la posibilidad de votar por correo, pero bajo ciertas restricciones específicas.
El volumen de boletas emitidas a través de este método se disparó drásticamente durante las elecciones de 2020, impulsado por la crisis sanitaria de la pandemia. Desde entonces, millones de ciudadanos han mantenido la preferencia por emitir sus votos en elecciones federales a través del correo. Este cambio en el comportamiento electoral implica que cualquier modificación en la gestión de las boletas podría afectar a decenas de millones de votantes y complicar la labor de los funcionarios electorales encargados de administrar los comicios.
Según una encuesta postelectoral de 2024 realizada por el Pew Research Center, el perfil del votante que utiliza el correo tiende a ser diferente al del votante presencial. Los usuarios de boletas por correo suelen ser personas de mayor edad y tienen una mayor probabilidad de residir en zonas urbanas o suburbanas. En algunos casos, las restricciones son estrictas; por ejemplo, en Mississippi, los votantes solo pueden solicitar una boleta por correo si tienen 65 años o más.
La encuesta de Pew también destaca disparidades en las preferencias políticas. En 2024, el 61% de quienes votaron por correo afirmaron haber apoyado a Kamala Harris para la presidencia. Esta proporción es notablemente superior a la observada entre quienes votaron en persona, ya sea de forma anticipada o el día de la elección, y también superó el porcentaje total que Harris obtuvo en el voto popular.
El decreto de marzo emitido por Trump, cuyo objetivo es restringir el voto por correo, surge tras años de declaraciones del mandatario sobre supuestos votos ilegales emitidos por este medio, afirmaciones que carecen de fundamento. Dada la proximidad de las elecciones de otoño, es probable que las impugnaciones legales impidan que los cambios pretendidos entren en vigor este noviembre.
Al respecto, David Becker, exabogado del Departamento de Justicia y actual director del Center for Election Innovation & Research, ha sido tajante sobre la viabilidad de estas medidas. Becker señaló que es imposible implementar el decreto en el tiempo restante, argumentando que esto supondría una apropiación federal de las facultades electorales que pertenecen a los estados. Según el experto, implementar tales cambios requeriría entre dos y cuatro años de preparación, haciendo inviable su ejecución en un plazo de aproximadamente 70 días.
