A partir de las cero horas de este sábado, entra en vigencia de manera formal el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Santa Fe. Esta normativa, que fue aprobada por el Congreso el pasado 27 de febrero, introduce un cambio fundamental en la legislación vigente al reducir la edad mínima de punibilidad, la cual pasa de los 16 a los 14 años. En términos prácticos, esto significa que, desde este fin de semana, cualquier persona mayor de 14 años que cometa un delito podrá ser juzgada y penada conforme a la ley.
El ministro de Seguridad y Justicia santafesino, Pablo Cococcioni, fue el encargado de confirmar que la provincia ya se encuentra preparada para la implementación de este esquema. Durante sus declaraciones, el funcionario detalló que se aplicará un sistema sancionatorio escalonado, el cual variará en intensidad y tipo según la naturaleza del delito cometido por el adolescente. No obstante, el ministro fue enfático al advertir que el impacto de esta medida sobre la inseguridad ciudadana no será un proceso automático.
En una entrevista concedida a Radio 2, Cococcioni explicó que la efectividad de la ley como herramienta disuasoria dependerá estrictamente de su aplicación práctica en el territorio. Según el funcionario, el efecto preventivo se manifestará a medida que el sistema empiece a operar y se observe que adolescentes de 14 o 15 años, quienes anteriormente podrían haber tenido la percepción social de que podían actuar con impunidad o "llevársela de arriba", comiencen a ser efectivamente detenidos, procesados y enjuiciados, especialmente en hechos de mediana gravedad en adelante.
Ante las interrogantes planteadas por el equipo de Radiópolis sobre la capacidad de la provincia para alojar a los menores en espacios separados de la población adulta, el ministro transmitió tranquilidad. Aseguró que la puesta en marcha de esta normativa no requiere de una transformación estructural drástica, ya que la mayoría de las necesidades logísticas y organizativas ya habían sido resueltas por la administración provincial.
Para respaldar esta afirmación, Cococcioni recordó que Santa Fe cuenta desde el año 2023 con un Código Procesal Penal Juvenil. Este cuerpo legal está estructurado bajo los principios del sistema acusatorio, el mismo modelo que ya se aplica para los delitos cometidos por adultos. Asimismo, la provincia dispone de una ley de ejecución de la pena sancionada en diciembre de ese mismo año, la cual establece pautas claras para el alojamiento de los internos y contiene disposiciones que pueden aplicarse de manera supletoria a los menores de edad. A este marco legal se suman los institutos juveniles que ya se encuentran operativos en la provincia.
El nuevo régimen penal juvenil se organiza en dos grandes ramas de intervención. Por un lado, se encuentran las medidas alternativas, que mantienen una línea de acción similar a las que ya se implementan a través de la Secretaría de la Niñez. Por otro lado, se encuentran las medidas de privación de la libertad, cuya gestión y responsabilidad recaerán en el área de Justicia penal juvenil, específicamente a través de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad.
En cuanto a las medidas privativas de la libertad, el sistema se divide en tres niveles de gradualidad. El primer nivel, considerado el más leve, es la prisión domiciliaria; para este caso, el ministro señaló que se solicitará el uso de tobilleras electrónicas para garantizar el monitoreo del joven.
El segundo escalón contempla el alojamiento en los Establecimientos de Puertas Abiertas (Espa). Estos centros funcionan como una instancia de institucionalización intermedia y no poseen un régimen penitenciario propiamente dicho, sino que operan como institutos bajo el cuidado de personal civil.
Finalmente, el tercer nivel está reservado para los delitos más graves y violentos, o para aquellos jóvenes con un perfil criminológico más complejo. En estos casos, los adolescentes serán trasladados a los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj). Estas instituciones funcionan a puertas cerradas y poseen un régimen similar al sistema penitenciario, situándose en lugares específicos para asegurar que los menores no se mezclen con la población adulta.
