El Gobierno liderado por Keiko Fujimori ha formalizado este jueves la designación del nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El cargo ha sido asignado al oficial en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Abraham Alejandro Lescano Salazar, quien asumirá las riendas de la institución en un momento de transición administrativa y operativa.
Esta decisión se produce tras la salida de Raúl Timoteo Inga Garay, quien se desempeñaba como jefe de la mencionada institución hasta su reciente renuncia. El nombramiento de Lescano Salazar se ha oficializado a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el organismo encargado de coordinar las políticas penitenciarias y de derechos humanos en el país.
De acuerdo con el texto de la resolución, el documento especifica la designación del señor Abraham Alejandro Lescano Salazar en el puesto de Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La norma aclara que dicha designación se mantendrá vigente en tanto el Instituto Penitenciario continúe en funciones. La resolución cuenta con las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del titular del Ministerio de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, validando así la legalidad del cambio en la alta dirección del organismo.
Simultáneamente, la norma administrativa ha hecho oficial la aceptación de la renuncia de Raúl Timoteo Inga Garay. En el documento se expresa el agradecimiento a Inga Garay por los servicios prestados durante su gestión. Es importante recordar que Inga Garay había sido designado en el cargo en mayo del presente año, momento en el cual reemplazó a Jorge Henry Cotos Ochoa, quien había sido nombrado previamente durante la administración del expresidente José María Balcázar.
Más allá del cambio de liderazgo, la resolución pone de relieve el complejo escenario estructural que atraviesa el sistema penitenciario. El boletín oficial recuerda que el INPE ha sido declarado en estado de emergencia, una medida que busca optimizar el control y la gestión de los centros penitenciarios. Como parte fundamental de este proceso de reestructuración y cambio organizativo, el Gobierno ha establecido la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, conocida como Sunir.
La creación de la Sunir representa una transformación profunda en la arquitectura del sistema de internamiento. Según lo establecido en el decreto legislativo, se dispone que esta nueva Superintendencia absorba integralmente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres). Esta fusión busca centralizar la gestión de la resocialización y el internamiento bajo un solo mando administrativo.
No obstante, la norma es clara al señalar que, mientras el proceso de fusión se complete, las entidades que serán absorbidas —en este caso el INPE, Pronacej y Pronapres— continuarán ejerciendo las funciones que les son propias. Asimismo, estas instituciones mantienen todas las responsabilidades y obligaciones legales que correspondan a sus competencias actuales hasta que la transición a la Sunir sea total.
En el marco de estas reformas, el Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto Supremo 013-2026-JUS, mediante el cual se ha dispuesto prorrogar la declaratoria de emergencia del sistema nacional penitenciario. Esta prórroga tiene como objetivo principal implementar acciones concretas que garanticen la continuidad de las capacidades operativas del sistema, evitando cualquier vacío de autoridad o falla en la seguridad y administración de los penales.
Finalmente, la normativa justifica la urgencia del nombramiento de Abraham Alejandro Lescano Salazar basándose en la necesidad de ejecutar acciones inmediatas para asegurar la continuidad del puesto de presidente del Consejo Nacional Penitenciario. Con esta medida, el Ejecutivo busca estabilizar la conducción del INPE mientras se concreta la transición hacia el nuevo modelo de gestión que propone la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización.
