La ministra en retiro Norma Lucía Piña Hernández, quien dejó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a raíz de la implementación de la reforma judicial, volvió a presentarse en el espacio público este jueves. Su reaparición tuvo lugar en un foro organizado por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, donde compartió su visión sobre el estado actual del sistema legal en el país.
La exministra presidenta del Máximo Tribunal de Justicia de México formó parte de una mesa de análisis titulada “Constitución, empresa y patrimonio”, la cual se inscribió dentro de una serie de encuentros denominados “Diálogos Constitucionales: México en perspectiva”. Durante el evento, Piña Hernández estuvo acompañada por otros destacados perfiles del ámbito jurídico, entre ellos José Antonio Caballero, Luis Manuel Pérez de Acha y la magistrada local de Querétaro, Mariela Ponce Villa.
Al iniciar su intervención, Norma Lucía Piña utilizó la ironía para referirse a la situación actual de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al proceso de la primera elección judicial en la historia del país. Específicamente, hizo alusión a los "acordeones" que marcaron dicho proceso electoral, sugiriendo una crítica hacia la forma en que se han llevado a cabo estas transiciones.
“Hay que irnos adaptando a la sociedad en la que estamos y van dos abogados siempre guardando ciertos principios y valores que cada uno de nosotros tenemos, pero bueno, como estoy a la moda traigo mi acordeón. Hay que adaptarse, ya vengo que con acordeón”, señaló la exministra, subrayando la necesidad de ajustarse a las nuevas circunstancias sociales y políticas, aunque manteniendo los valores profesionales.
Más allá de la ironía inicial, el discurso de Piña Hernández se centró en una advertencia severa sobre las consecuencias de la reforma judicial. La exministra señaló que existen diversos "focos rojos" en el país que se han encendido tras la aprobación de dicha reforma. Entre los puntos más críticos, destacó la vulneración de la independencia judicial y la pérdida de la certeza jurídica, elementos que considera fundamentales para la estabilidad del Estado de derecho.
En un análisis detallado sobre el proceso legislativo de la reforma, Piña Hernández afirmó que la medida "no estuvo bien pensada". Según su perspectiva, la reforma careció de un diagnóstico previo que permitiera identificar las fallas reales del sistema, por lo que no representó la solución adecuada para reestructurar la justicia en México. La exministra fue enfática al señalar que la falta de claridad y la ausencia de una participación ciudadana efectiva que fuera tomada en cuenta derivaron en un producto legislativo deficiente.
Como prueba de esta falta de planeación, la exministra resaltó que un síntoma evidente es la necesidad de modificar la reforma incluso antes de que cumpliera su primer año de vigencia. Mencionó que se tuvo que reformar la norma para posponer la elección programada para 2027, además de que se han impulsado cambios para unificar los Comités de Evaluación correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“No estuvo bien pensada, incluso ni siquiera hubo un diagnóstico, para realizar esta reforma, que no era la solución para reestructurar la justicia en México. No era la solución como ya es patente. Un primer signo es que antes del año se tuvo que reformar, es lo primero que uno ve. Si uno hace una reforma sin diagnóstico, sin claridad, porque no hubo participación que fuese tomada en cuenta”, detalló la jurista.
Finalmente, Norma Lucía Piña Hernández reflexionó sobre el impacto que habría tenido la elección de 2027 si no se hubiera pospuesto. En sus palabras, el ajuste en el calendario electoral evitó, por el momento, lo que ella describió como la “destrucción total” del Poder Judicial de la Federación. La exministra concluyó advirtiendo que el escenario que se presentaba para el año 2027 resultaba "impensable" para el funcionamiento y la estabilidad del poder judicial federal.
