La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos con el objetivo de que se levante un bloqueo impuesto previamente por un tribunal inferior. Esta medida legal busca reactivar una orden ejecutiva que tiene como propósito restringir el uso del voto por correo en el país.
La solicitud llega en un momento crítico del calendario electoral, produciéndose exactamente dos meses antes de que se lleven a cabo las elecciones de mitad de mandato programadas para noviembre. La urgencia de la petición se acentúa debido a que faltan apenas unos días para que comience el proceso de envío de las papeletas a los votantes, lo que podría alterar la dinámica de participación en los comicios.
El origen de esta disputa se remonta a marzo, cuando el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para limitar el voto por correo. Para justificar esta medida, el mandatario ha alegado que este sistema de votación es vulnerable al fraude, aunque es importante señalar que tales afirmaciones han sido realizadas sin presentar pruebas que las respalden. Debido a estas razones, la orden ha sido objeto de múltiples impugnaciones legales desde su implementación.
En el ámbito judicial, diversos estados gobernados por el partido demócrata han interpuesto demandas contra la administración Trump. Los argumentos de estos estados se centran en la Constitución de los Estados Unidos, sosteniendo que son los estados, y no el gobierno federal, quienes conservan un control amplio y primordial sobre la administración de las elecciones en sus respectivos territorios.
En cuanto a los detalles técnicos de la orden ejecutiva, esta exigiría la elaboración de listas específicas de votantes elegibles. Bajo este esquema, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) tendría la instrucción de entregar las papeletas de votación únicamente a aquellas personas que figuren debidamente registradas en dichas listas.
Sin embargo, la viabilidad de esta medida ha sido cuestionada internamente. Un informante del Servicio Postal de los Estados Unidos advirtió esta semana sobre los riesgos operativos de la orden. Según este informante, millones de ciudadanos estadounidenses podrían quedar excluidos y no recibir sus boletas de voto por correo, debido a que los sistemas necesarios para implementar estas restricciones en el servicio postal se han ejecutado de manera "descuidada y apresurada".
La batalla legal alcanzó un punto decisivo la semana pasada, cuando una jueza federal de distrito, Indira Talwani, bloqueó la orden ejecutiva de Trump. En su fallo, la jueza argumentó que resultaba "prácticamente imposible" que los estados pudieran cumplir con una regulación que, a su juicio, es "probablemente inconstitucional". La jueza Talwani subrayó que la mayoría de los estados demandantes ya habían realizado el pedido de sus papeletas de voto por correo y que algunos de ellos están obligados por sus propias leyes estatales a enviarlas a los votantes elegibles la próxima semana.
Este bloqueo se produjo pocos días después de que la Corte Suprema, actualmente dominada por conservadores, hubiera levantado temporalmente otra decisión de un tribunal inferior que también bloqueaba la orden ejecutiva sobre el voto por correo.
A pesar de su postura pública y sus constantes críticas hacia el voto por correo, se ha documentado que el propio presidente Donald Trump ha utilizado este método con frecuencia. Un ejemplo reciente ocurrió el mes pasado, cuando el mandatario votó por correo en las primarias republicanas del estado de Florida.
Durante años, el presidente ha mantenido la narrativa de que el voto por correo es altamente susceptible al fraude, sin aportar evidencia. Esta postura ha estado vinculada repetidamente a su afirmación, también calificada de falsa, de que el demócrata Joe Biden le robó las elecciones presidenciales de 2020.
El contexto político actual añade presión a este conflicto legal. Las encuestas sugieren que el Partido Republicano se enfrenta a una amenaza considerable de perder el estrecho control que mantiene sobre el Congreso en noviembre, específicamente en la Cámara de Representantes. De concretarse una victoria demócrata, el partido ha sugerido que podría bloquear la agenda gubernamental de Trump e incluso iniciar un tercer proceso de destitución contra el presidente.
