El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado oficialmente que no asistirá a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera programada para este martes. Esta decisión no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia coordinada en la que el ejecutivo madrileño anima explícitamente al resto de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a seguir su ejemplo y ausentarse del encuentro.
La estrategia de la Comunidad de Madrid es clara: buscan evitar que el Consejo alcance el quórum necesario para que la sesión sea válida. Según el comunicado emitido por el Gobierno madrileño, la ausencia masiva de las regiones gobernadas por el PP sería la única vía efectiva para impedir que el nuevo acuerdo de financiación se materialice durante la jornada de mañana. De este modo, el plantón se convierte en la herramienta política principal para bloquear el proceso de votación.
En el centro de esta disputa se encuentra el nuevo sistema de financiación autonómica ideado por el Ministerio de Hacienda. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sostiene que el modelo planteado por el Gobierno central supone una ruptura de la igualdad entre todos los ciudadanos españoles. Además, la administración madrileña ha ido más allá en sus críticas, calificando el nuevo sistema como un mecanismo de "blanqueamiento" de lo que consideran corrupción económica y política cometida por los gestores de la Generalitat de Cataluña a lo largo de las últimas décadas.
La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, será la figura principal en ejecutar este boicot, confirmándose que no asistirá a la cita donde se reunirían sus homólogos de las demás comunidades autónomas junto a los responsables del Ministerio de Hacienda. El objetivo de dicha reunión es votar la sustitución del sistema de financiación vigente, un modelo que, según se ha señalado, debería haber sido renovado hace más de diez años.
Desde el equipo de Ayuso se ha manifestado una oposición frontal al nuevo sistema desde sus inicios. La crítica fundamental reside en la forma en que se ha gestionado el proceso; el Gobierno de Madrid denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado este modelo de manera bilateral con el Gobierno de Cataluña, actuando "de espaldas" al resto de las comunidades autónomas. Esta percepción de exclusión ha alimentado la decisión de adoptar una postura disruptiva en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En cuanto a la coordinación política, el Gobierno de Madrid ha asegurado que su posición ha sido debatida en los foros internos del Partido Popular y que la decisión de no asistir ha sido comunicada formalmente a la dirección nacional del partido, encabezada por Alberto Núñez Feijóo. No obstante, el comunicado madrileño no ha concretado si otras comunidades gobernadas por el PP han confirmado ya que secundarán este boicot, aunque sí ha subrayado que la postura ha sido abordada con el resto de los consejeros autonómicos conservadores.
La aclaración sobre la comunicación con la sede nacional del partido en Génova resulta significativa en el contexto político actual. El texto sugiere que el Gobierno de Ayuso ha querido dejar claro que el partido está informado, evitando así que la medida sea percibida como una acción totalmente unilateral que pudiera soliviantar la relación con el equipo de Feijóo o generar tensiones con el resto de los barones populares del partido.
En definitiva, la Comunidad de Madrid ha situado la paralización del quórum en el Consejo como el único camino para detener un acuerdo que consideran perjudicial para la equidad territorial. Mientras el Ministerio de Hacienda busca cerrar un ciclo de renovación fiscal pendiente desde hace más de una década, Madrid y el bloque del PP que decida sumarse al boicot intentan bloquear la votación apelando a la igualdad de los españoles y denunciando los pactos bilaterales con Cataluña.
