El hallazgo del cuerpo sin vida de Guillermo Bellingi, quien se desempeñaba como subdirector de la Procuración General de la Nación durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, ha generado un clima de profunda incertidumbre en el ámbito judicial. El exfuncionario se encontraba procesado en una causa por presunta corrupción, en un juicio oral cuyo inicio estaba programado para llevarse a cabo en aproximadamente veinte días.
El descubrimiento del cuerpo ocurrió este martes en la calle 8, entre las calles 406 y 407, en la localidad de Villa Elisa. El hecho fue advertido por una persona que transitaba por la zona, quien inmediatamente dio aviso al servicio de emergencias 911. Al arribar al lugar, los efectivos policiales localizaron el cuerpo de Bellingi, de 55 años, quien vestía un buzo verde, jeans y zapatos marrones.
En la escena del hallazgo, los uniformados encontraron junto al cuerpo una serie de elementos personales y un objeto punzante. Específicamente, se recuperó un cuchillo de mango de madera, tipo criollo, acompañado de su respectiva vaina. Asimismo, se hallaron la billetera, el teléfono celular y el reloj del exfuncionario. Según el reporte policial preliminar, el cuerpo presentaba una herida ubicada en la parte baja del tórax, con una inclinación hacia el lado izquierdo. Un detalle relevante señalado por los peritos es que, a simple vista, el cuerpo no mostraba signos de defensa ni otras lesiones adicionales.
Guillermo Bellingi poseía un perfil académico destacado; era licenciado en Economía y ejercía la docencia en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En dicha institución, se había desempeñado como Profesor Adjunto de la cátedra Economía del Turismo II (Enfoque Macro) y había ocupado el cargo de Jefe de Auxiliares Docentes de Macroeconomía I. Ante su fallecimiento, la Facultad de Economía de la UNLP expresó sus condolencias, destacando que Bellingi "realizó un valioso aporte a la formación de estudiantes y a la comunidad universitaria".
En el plano administrativo y político, Bellingi había ocupado un cargo estratégico en la Procuración General de la Nación. Su imputación en la causa judicial se remonta al año 2013, período en el cual el organismo llevó a cabo la compra de un inmueble situado en la calle Perón 667, donde funcionaban dependencias del Ministerio Público Fiscal. La operación de adquisición del edificio se concretó por un monto de 43.850.000 pesos.
La acusación sostiene que Bellingi intervino directamente en el proceso de licitación para la compra de dicha propiedad. Según la hipótesis de los investigadores judiciales, el proceso estuvo direccionado deliberadamente para beneficiar a intermediarios específicos, lo que habría permitido el cobro de comisiones millonarias vinculadas a la transacción inmobiliaria.
Un punto central de la investigación fue el vínculo familiar entre Bellingi y Juan Carlos Thill, su medio hermano, quien también formó parte de la operación. De acuerdo con las probanzas judiciales, Thill habría recibido una comisión de 3 millones de pesos —monto que equivalía a unos 500.000 dólares al valor de aquel momento— por haber brindado asesoramiento a la inmobiliaria que, a su vez, asesoró a Arfinsa, la empresa vendedora del edificio. Para la Justicia, la relación entre los hermanos fue la pieza clave para diseñar una estructura que otorgara una apariencia de legalidad a una operación presuntamente irregular.
El proceso judicial fue instruido por el juez federal Julián Ercolini, quien decidió elevar la causa a juicio oral, imputando tanto a Guillermo Bellingi como a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. El debate estaba previsto para quedar bajo la órbita del Tribunal Oral Federal N°8, compuesto por los jueces Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, contando con la acusación a cargo del fiscal general Marcelo Colombo.
Respecto a la otra imputada, Alejandra Gils Carbó dejó su cargo de procuradora general en el año 2017, luego de haber sido procesada. En la actualidad, Gils Carbó se desempeña como abogada y representa los intereses del empresario Gerardo Ferreyra, de la firma Electroingeniería, en la causa conocida como "Cuadernos". Desde su salida del organismo, Eduardo Casal ha permanecido al frente de la Procuración General de la Nación en carácter de interino.
