El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, junto al diputado Carlos Alarcón, han formalizado la presentación del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado ante el Pleno de la Cámara Alta. Este acto marca el inicio formal del tratamiento de una propuesta que busca introducir modificaciones sustanciales a la Carta Magna boliviana dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De acuerdo con lo establecido en el documento presentado, el proceso requiere que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) asuma y ejerza su función constituyente. Para ello, se ha propuesto un procedimiento específico diseñado para determinar con precisión la necesidad, los alcances y los contenidos que deberá contemplar una eventual reforma parcial del texto constitucional.
Uno de los pilares fundamentales de este proyecto de ley se centra en el régimen de competencias y las autonomías. La propuesta sugiere la incorporación de un nuevo artículo 412 a la Constitución Política del Estado. El objetivo de este artículo es permitir la denominada “desconstitucionalización” de ciertos preceptos de la Carta Magna. Este mecanismo permitiría que los contenidos de dichos artículos ya no estuvieran anclados rígidamente en la Constitución, sino que pudieran ser regulados, modificados o incluso derogados a través de leyes emitidas por la ALP, siempre y cuando estas sean sancionadas con el voto de dos tercios de los asambleístas presentes.
El segundo eje prioritario de la reforma se enfoca en el área de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Para ello, el proyecto plantea la inclusión de un nuevo artículo 413. Esta disposición establecería una prohibición explícita sobre la expropiación, nacionalización, estatización o reversión de inversiones nacionales y extranjeras, bajo condiciones específicas detalladas en la propuesta. Asimismo, este nuevo articulado busca instaurar mecanismos formales para la resolución de controversias que pudieran surgir entre el Estado y los inversionistas.
Complementando estas medidas, la propuesta incluye una Disposición Transitoria Undécima. En ella se estipula que la Asamblea Legislativa Plurinacional tendría la obligación de sancionar las leyes estructurales y sectoriales relacionadas con los artículos desconstitucionalizados en un plazo máximo de un año, contado a partir de la vigencia de la reforma parcial. El proyecto vincula directamente esta adecuación legislativa con dos procesos mayores: la transformación del sistema judicial y el cambio del modelo económico, basándose en los lineamientos propuestos en el ya mencionado artículo 413.
El camino hacia la implementación de esta reforma está estructurado en tres fases bien definidas. La primera fase consiste en el pronunciamiento separado de ambas cámaras (Senadores y Diputados) sobre la necesidad, los alcances y los contenidos de la reforma propuesta. Una vez superado este paso, la segunda fase implica la sanción del texto oficial de la reforma parcial, la cual requiere la aprobación de dos tercios del total de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La fase final del procedimiento es la convocatoria a un referendo constitucional. A través de este mecanismo de democracia directa, serán los electores quienes decidan, mediante el voto, la aprobación o el rechazo definitivo de la reforma parcial propuesta.
La presentación de este proyecto tuvo lugar este miércoles durante el desarrollo de la 166.ª sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Todo el proceso se ha llevado a cabo siguiendo el procedimiento legal establecido en el artículo 411 de la Constitución Política del Estado.
Inmediatamente después de su presentación ante el Pleno de la Cámara de Senadores, el proyecto fue remitido a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral para que sea sometido a un análisis exhaustivo. Una vez finalizada esta etapa de estudio técnico y jurídico, el proyecto retornará al Pleno de la Cámara Alta para su tratamiento. En caso de obtener la aprobación correspondiente en el Senado, el documento será remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el procedimiento legislativo previsto para las reformas parciales de la Constitución.
