La sesión legislativa celebrada este jueves en la provincia de Río Negro comenzó con un clima de alta tensión, transformándose en un escenario de fuertes cruces políticos que eclipsaron, en primera instancia, los temas centrales del orden del día. Si bien la jornada estaba marcada por la necesidad de tratar asuntos críticos para la infraestructura y la economía regional, la interna del bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN) emergió con fuerza, provocando un inicio de sesión atípico y cargado de acusaciones recíprocas.
Entre los temas considerados "candentes" y prioritarios para la sesión se encuentra la ratificación del convenio suscrito entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro y el Gobierno Nacional. Este acuerdo es fundamental para la reparación y el mantenimiento de las rutas 22 y 151, arterias viales clave para la conectividad de la región. Asimismo, la posibilidad de avanzar en la comercialización de carnes silvestres se posiciona como otro de los puntos neurálgicos del debate legislativo. A pesar de que estas iniciativas cuentan con amplios respaldos en las comisiones, se preveía que algunos legisladores manifestaran sus cuestionamientos una vez llegados al recinto.
Sin embargo, el debate tomó un giro sorpresivo cuando el presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, puso a consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior. Este acto procedimental desencadenó una serie de reclamos por parte de los legisladores Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti, quienes cuestionaron la veracidad del documento. La legisladora González Abdala sostuvo que el acta no reflejaba fielmente lo ocurrido en la sesión de principios de agosto, específicamente en lo referido a su apartamiento de una de las comisiones permanentes del cuerpo, razón por la cual solicitó que se inicie una investigación sobre el asunto.
Por su parte, el legislador Daniel Sanguinetti profundizó las críticas al señalar que se ha producido una "sucesión de hechos que ocurren desde hace tiempo". Sanguinetti fue tajante al afirmar que se había "falsificado un documento público", elevando la gravedad de la denuncia. En su intervención, lamentó la situación de los ocho legisladores que han decidido tomar rumbos distintos al bloque oficialista, representando el 18% de la Cámara. Según explicó, estos legisladores se encuentran en un estado de "suspenso" debido a que la presidencia de la Legislatura no ha autorizado los pedidos de reconocimiento de sus nuevos bloques.
Sanguinetti calificó la situación como un "avasallamiento", denunciando que existen legisladores que actualmente no cuentan con oficinas, asesores ni puntos de apoyo. El legislador describió que las decisiones se están tomando de manera "impulsiva" y "de prepo", enfatizando que se debe hablar de pares y no de "legisladores de distintas categorías". Para respaldar su argumento sobre la discriminación, recordó las palabras del gobernador Alberto Weretilneck, quien ha señalado repetidamente que "no hay rionegrinos de primera y rionegrinos de segunda".
Ante estas denuncias, Facundo López, titular del bloque del oficialismo, respondió de manera ácida. López manifestó haberse sentido "sorprendido por los delitos denunciados" y recordó a los legisladores su obligación como funcionarios públicos de presentarse ante la sede judicial si consideran que hay delitos que denunciar. El jefe de bloque defendió la constitución de las comisiones, argumentando que la representación corresponde a Juntos Somos Río Negro y que dichas comisiones se organizan estrictamente por la proporción de los bloques.
En relación directa a González Abdala y Sanguinetti, López remarcó que los legisladores definieron por cuenta propia no pertenecer a ese espacio político y subrayó que "las decisiones tienen consecuencias políticas". En contraste, mencionó que existen otros legisladores que, sin ser "transfugas", continúan defendiendo los colores de su partido. López fue enfático al asegurar que la representación de JSRN en las comisiones la define él mismo y ratificó que los legisladores sí poseen asesores, puntos y oficinas. El dirigente sostuvo que en la política no existen legisladores de primera o segunda, sino "mayorías y minorías". Finalmente, defendió la integridad de los taquígrafos, calificándolos como "trabajadores honestos" y negó cualquier acción ilegal.
El cierre de este episodio se produjo luego de que Santiago Ibarrolaza reclamara a Pedro Pesatti una investigación formal sobre los hechos denunciados. No obstante, la controversia quedó resuelta en el recinto mediante una votación, donde el cuerpo aprobó por mayoría la discutida versión taquigráfica, permitiendo que la sesión continuara con el tratamiento de los temas previstos en la agenda.
