El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha iniciado formalmente en la ciudad de Cochabamba un proceso de reforma integral de las tres leyes fundamentales que rigen la materia electoral en el país. El encuentro, que congregó a vocales nacionales y representantes de los nueve tribunales departamentales, tiene como objetivo principal la actualización de la Ley 018 del Órgano Electoral, la Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.
Durante la apertura del encuentro, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, subrayó que el objetivo no se limita a una simple modificación de artículos legales, sino a la construcción de las reglas que sostendrán la democracia boliviana. El cronograma de trabajo se ha proyectado hasta el mes de noviembre, fecha en la que se cumplirá un año del primer balotaje presidencial registrado en la historia del país. Entre los puntos neurálgicos de la agenda de reforma se encuentran el sistema de cómputo, la regulación de candidaturas, la paridad de género, la organización de debates, la gestión de encuestas, el funcionamiento de los partidos y la implementación tecnológica, incluyendo el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).
En el marco de este proceso, Gustavo Ávila fue enfático al reclamar la conducción institucional del proceso para el TSE, asegurando que el organismo no actúa como un apéndice de ninguna otra institución ni se encuentra subordinado a ningún poder político. Si bien el TSE se encargará de presentar los proyectos de ley y socializarlos en los nueve departamentos con diversos actores políticos, sociales e indígenas, su aprobación final recaerá exclusivamente en la Asamblea Legislativa.
Paralelamente a la reforma electoral, se ha abierto un debate crítico sobre la Constitución Política del Estado (CPE). El presidente del TSE instó a realizar un análisis profundo y un "mea culpa" sobre la carta magna para proponer cambios que permitan un mejor futuro para el país. En esta línea, el vocal Carlos Alberto Goitia propuso la inclusión de reformas constitucionales y sugirió la realización de un eventual referéndum para otorgar legitimidad a dichos cambios. De acuerdo con la normativa vigente, una reforma parcial de la Constitución requiere de una ley respaldada por dos tercios de los legisladores presentes, o bien el respaldo de firmas del 20% del electorado, seguido de un referéndum aprobatorio.
Este impulso reformista también se ha trasladado al ámbito partidario. Luis Vásquez Villamor, portavoz de la fuerza Libre, liderada por Jorge Tuto Quiroga, informó sobre conversaciones mantenidas con dirigentes de Súmate (vinculados a Manfred Reyes Villa), Unidad (de Samuel Doria Medina) y Demócratas. Según Vásquez Villamor, existen coincidencias interesantes en varios criterios y ha instado a las bancadas a superar los sellos partidarios para que la Asamblea se convierta en el eje central de la política que dinamice el cambio. Asimismo, señaló la urgencia de abordar nuevas leyes y designaciones, ya que, según la Constitución, es necesario designar a más de la mitad del Estado, calificando la tarea pendiente como "gigante".
En el plano legislativo, el presidente del Senado, Diego Ávila, junto al diputado Carlos Alarcón, de la agrupación Unidad, ya han presentado un proyecto de reforma parcial, argumentando que Bolivia no puede seguir postergando los cambios necesarios para avanzar. A este sentimiento se sumó Álvaro Ugalde, quien manifestó que la Constitución debe ser modificada específicamente para atraer inversión al país.
Por su parte, el vocal Goitia pidió una revisión "descarnada" del desempeño del Órgano Electoral y de las normas actuales. Advirtió sobre la existencia de actores que utilizan "granjas de bots" y emplean tácticas desleales para hacer trampa. En un tono reflexivo y crítico, Goitia cuestionó la calidad de algunas propuestas legislativas actuales, mencionando que hoy es posible generar proyectos de ley en pocos minutos usando ChatGPT y presentarlos como trabajos relevantes, calificando este tipo de prácticas como "basura". También hizo alusión a intentos de perpetuación en el poder y a un Tribunal Supremo Electoral que en el pasado fue "muy servil".
Para guiar este proceso, la vocal Celedonia Cruz Ayma definió tres pilares fundamentales: la modernización tecnológica, el fortalecimiento institucional y la adecuación de las leyes, haciendo hincapié en la necesidad de integrar las propuestas de los sectores indígenas y campesinos. Finalmente, la vicepresidenta del TSE, Ximena Camacho Goyzueta, detalló que el proceso integrará recomendaciones de misiones de observación de los años 2025 y 2026, además de la participación de grupos focales con más de 200 actores sociales. El objetivo final es articular una propuesta técnica sólida que pueda alcanzar los consensos políticos necesarios en la Asamblea, preservando la independencia, transparencia, igualdad y los derechos políticos.
