El juez Pablo Yadarola cerró su etapa en el fuero penal económico con una resolución que ha generado sorpresa en los círculos judiciales y políticos. El magistrado dispuso el archivo de la causa que investigaba el ingreso al país de diez valijas sin el correspondiente control aduanero, transportadas en un vuelo privado cuya única pasajera era Laura Belén Arrieta, empleada del empresario Leonardo Scatturice, quien mantiene una relación de suma cercanía con el gobierno de Javier Milei.
La decisión judicial coincide cronológicamente con un movimiento estratégico en la estructura del Poder Judicial. El expediente se detuvo exactamente el día previo a que el juez asumiera un nuevo cargo en los tribunales federales de Comodoro Py. Yadarola jura este jueves 3 de septiembre como camarista en lo criminal y correccional federal de la Ciudad de Buenos Aires, dejando la resolución de la trama de las valijas de Arrieta en un estado de incertidumbre con numerosas respuestas pendientes.
En el escrito de la medida, el magistrado incluyó una salvedad técnica. Yadarola indicó que la decisión no posee un carácter definitivo, ya que la investigación podría reabrirse de manera inmediata si la autoridad competente de los Estados Unidos de América remite información sobre el origen, la ruta, los pasajeros, el equipaje, la mercadería declarada o cualquier otro elemento probatorio nuevo y relevante vinculado a la aeronave matrícula PRV-N18RU.
Para justificar la suspensión del avance de las actuaciones, el juez invocó la existencia de "límites probatorios estructurales". Según argumentó Yadarola, la causa presentaba obstáculos materiales insalvables para la acusación, mencionando específicamente la ausencia de un escaneo de los bultos al momento del arribo, la demora en la presentación de la denuncia inicial y la espera de informes solicitados a organismos estatales en Washington.
El ascenso de Yadarola a la Cámara Federal fue formalizado mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y publicado el miércoles 2 en el Boletín Oficial de la República Argentina. Con este nombramiento, el magistrado pasará a integrar un tribunal de máxima influencia, encargado de revisar, confirmar o revocar decisiones y procesamientos en causas de corrupción pública.
La investigación penal, que ahora ha sido suspendida, comenzó el 17 de marzo de 2025 bajo la hipótesis del delito de contrabando. El centro del análisis era el trayecto de un avión Bombardier Global 5000, matrícula N18RU, que aterrizó en el área metropolitana el 26 de febrero de 2025 proveniente de Miami y despegó el 5 de marzo hacia París. La única pasajera era Laura Belén Arrieta, colaboradora de Scatturice, dueño de la empresa de correo OCA y de la aerolínea Fly Bondi.
En el inicio del escándalo, el entonces vocero Manuel Adorni había calificado de inviable la versión sobre el ingreso de diez bultos sin registro. Adorni sostuvo que era imposible salir de Estados Unidos con tal cantidad de valijas sin que se realizara algún interrogatorio, sugiriendo que quien afirmara lo contrario estaba "operando" o era un "imbécil". La versión oficial inicial aseguraba que Arrieta solo portaba un bolso de mano y una valija que pasaron por los controles obligatorios.
Sin embargo, esta postura fue descartada por los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez. El Ministerio Público Fiscal probó, a través del análisis de filmaciones de seguridad del aeropuerto, que al menos diez bultos eludieron los mecanismos de fiscalización. Ante estas pruebas, la Casa Rosada cambió su versión y trasladó la responsabilidad a la Dirección General de Aduanas. El presidente Milei afirmó que los agentes aduaneros son quienes deciden qué pertenencias se revisan, omitiendo que la Aduana depende del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo.
Las cámaras de seguridad revelaron un detalle crítico: la vicejefa de la Aduana habilitó personalmente a Arrieta un acceso especial y paralelo, permitiéndole evitar la fila general. Este trato preferencial ocurrió luego de que Arrieta realizara una llamada telefónica y le entregara el dispositivo a la inspectora. A pesar de los 18 meses de investigación, la Justicia nunca logró identificar quién estaba al otro lado de esa llamada.
En su resolución final, Yadarola dispuso enviar los testimonios recopilados a la Cámara Federal —la misma que él integra desde este jueves— para iniciar una investigación independiente por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta línea buscará determinar las responsabilidades de los agentes aduaneros y los particulares involucrados. Asimismo, encomendó a la Aduana diseñar un protocolo de control obligatorio y auditable para vuelos privados internacionales, que incluya constancias escritas y justificadas cada vez que se exceptúe a un pasajero del escaneo de equipaje.
El archivo de la causa, firmado horas antes de que el juez se trasladara a Comodoro Py, deja el contenido de las valijas de Arrieta en la incógnita, supeditando cualquier avance a la voluntad administrativa de la Justicia estadounidense.
