La Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra en el centro de una intensa controversia tras la reciente autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (Sucamec) a la Empresa Municipal de Administración y Patrimonio (Emape) para brindar servicios de seguridad privada con el uso de armas de fuego. El anuncio ha generado un choque directo entre el alcalde de la capital, Renzo Reggiardo, y el senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.
El alcalde Renzo Reggiardo defendió la medida durante una intervención en el programa "La Rotativa del Aire" de RPP. Según el burgomaestre, la decisión se enmarca estrictamente dentro de la legalidad y responde a una necesidad de protección de los activos municipales. Reggiardo explicó que la gestión se rige por la Ley General de Sociedades y que se ha procedido a modificar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Emape para permitir estos servicios, los cuales ya se encuentran debidamente aprobados en los registros públicos.
El alcalde fue enfático al señalar que la licencia obtenida tiene un propósito limitado y específico. Aclaró que el personal de Emape no realizará labores de seguridad para terceras instituciones, sino que se limitará exclusivamente a brindar vigilancia en los espacios e infraestructura que la propia empresa municipal administra. Reggiardo comparó esta labor con la de cualquier empresa privada de seguridad que opera en espacios determinados, subrayando que todo el proceso se ha llevado a cabo bajo una "legalidad absoluta".
Asimismo, el alcalde fundamentó su postura citando el artículo 197 de la Constitución Política del Perú. De acuerdo con Reggiardo, dicho artículo establece que las labores de seguridad no son competencia exclusiva de la Policía Nacional del Perú (PNP), sino que también pueden ser ejecutadas por los municipios o las Fuerzas Armadas. Ante las críticas recibidas, el burgomaestre utilizó su cuenta en la red social X para expresar su sorpresa frente a lo que calificó como "difamaciones" provenientes de ciertos sectores y autoridades a quienes describió como "despistadas" o "desinformadas" respecto a la autorización de Sucamec.
En la acera opuesta, el senador Fernando Rospigliosi ha lanzado duras acusaciones contra la gestión municipal y la dirección de Sucamec. A través de sus redes sociales, el legislador calificó la autorización como una "grave irregularidad" y señaló que el director interino de la institución, José Cossío Medina, habría incurrido en un acto delictivo. Rospigliosi sostiene que se ha autorizado la creación de un "grupo armado" utilizando a Emape como una fachada de empresa de seguridad privada.
El senador reveló detalles sobre el proceso administrativo, afirmando que la solicitud de Emape fue rechazada en dos ocasiones previas por Sucamec, específicamente el 5 y el 18 de agosto. Según Rospigliosi, Pedro Curay, el encargado del tema en ese momento, renunció al cargo tras ser presionado para firmar la autorización que el senador considera ilegal. En su lugar, habría sido nombrado Cossío Medina como director interino para concretar lo que Rospigliosi define como una "gravísima violación a la Constitución y a la ley".
Rospigliosi vinculó estas acciones directamente con la visión del alcalde de Lima, quien ha sostenido públicamente la necesidad de crear policías municipales armadas. El senador advirtió que tales agrupaciones podrían degenerar en "bandas de sicarios al servicio de la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado", lo que, a su juicio, haría que la violencia se vuelva incontrolable. Debido a esto, solicitó que la resolución de Sucamec sea anulada de manera inmediata.
Por su parte, Emape emitió un comunicado oficial para aclarar la naturaleza de esta autorización. La empresa municipal confirmó que Sucamec ha permitido la prestación de servicios de vigilancia privada con armas de fuego, siempre bajo la normativa vigente. En el documento, Emape fue enfática al precisar que este servicio no constituye la creación de una "Policía Municipal" ni otorga facultades policiales al personal, asegurando que no se reemplazarán las competencias propias de la Policía Nacional del Perú.
Finalmente, la entidad municipal detalló que esta medida permitirá proteger la infraestructura, las obras, las instalaciones y los bienes de la empresa, fortaleciendo la prevención frente a posibles delitos. Emape subrayó que todo el servicio estará estrictamente sujeto a los requisitos, controles y fiscalización de Sucamec, abarcando la supervisión del personal, el armamento, las municiones, la infraestructura y los protocolos de operación.
