Miles de personas han salido a las calles este martes en diversas localidades de España para manifestar su apoyo a los habitantes de la ciudad autónoma de Ceuta. Las movilizaciones surgen como respuesta a la crisis socioeconómica y de seguridad que atraviesa la ciudad fronteriza con Marruecos, desencadenada por la entrada masiva de más de 70.000 migrantes durante los pasados días 30 y 31 de julio.
Según datos proporcionados por el Gobierno español, aunque la gran mayoría de las personas que ingresaron en la localidad regresaron posteriormente a territorio marroquí, unas 5.000 personas, entre inmigrantes subsaharianos y magrebíes, permanecen aún en Ceuta. Esta situación ha mantenido a la ciudad en un estado de crisis durante más de un mes, afectando la estabilidad y la seguridad de sus residentes.
En la ciudad de Ceuta, la movilización alcanzó una dimensión significativa, superando las 25.000 personas. La concentración coincidió con el «Día de la Autonomía», jornada festiva en la localidad, donde los asistentes portaron banderas de España y de Ceuta bajo el lema «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Esta convocatoria, señalada como la más multitudinaria de su historia reciente, buscó transmitir un mensaje de unidad y solicitar el respaldo necesario ante las circunstancias actuales.
Paralelamente, en Madrid se registraron diversas concentraciones. En una de ellas, líderes del Partido Popular (PP) y de VOX se sumaron a las protestas, donde los manifestantes exigieron la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, leyó un manifiesto en el que defendió la integridad territorial de España y la españolidad de Ceuta, afirmando que «cuando una frontera está en riesgo, toda España debe estar detrás». Almeida solicitó una respuesta coordinada del Estado y de la Unión Europea, pidiendo el retorno «efectivo» de quienes ingresaron ilegalmente y abogando por una convivencia basada en el respeto y la seguridad, ponderando los derechos humanos.
La jornada en la capital española también estuvo marcada por la tensión. Una concentración frente al Congreso de los Diputados terminó disuelta tras enfrentamientos con grupos ultra, resultando en cuatro detenidos y cuatro policías heridos. Por otro lado, en la plaza de Callao se llevó a cabo una movilización de menor escala bajo el lema «Paremos los pies al racismo», con la participación de dirigentes de Izquierda Unida y Podemos.
En Barcelona, la situación fue similar al coincidir dos concentraciones de signos opuestos en el centro de la ciudad, separadas por un fuerte despliegue policial. Por un lado, la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme convocó una protesta contra el racismo bajo la premisa de que «ninguna persona es ilegal». Simultáneamente, representantes del PP, Vox y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se concentraron en apoyo a Ceuta.
En el ámbito institucional, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, presidió el acto oficial por el Día de Ceuta, asistido por dos ministros del Gobierno y el jefe de la oposición. Vivas declaró que la ciudad «está en peligro pero sigue en pie» y urgió a la implementación de medidas para recuperar la normalidad, incluyendo la expulsión de todas las personas que ingresaron ilegalmente y aún permanecen en la ciudad.
El foco del debate político se ha centrado en un informe de la Policía española remitido a la jueza de la Audiencia Nacional. El documento, al que tuvo acceso la agencia EFE, califica la entrada masiva de personas los días 30 y 31 de julio como una acción «planificada» y no «espontánea». El informe vincula a organizadores y ejecutores de este movimiento con las fuerzas de seguridad de Marruecos, señalando que la finalidad no era migratoria, dado que solo el 10 % de los ingresantes intentó permanecer en la ciudad.
Ante estas revelaciones, la oposición y sectores de la izquierda han solicitado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Asimismo, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha instado al presidente Pedro Sánchez a convocar a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, para exigir explicaciones y llamar a consultas al embajador español en Marruecos, Enrique Ojeda.



