La Cámara Nacional de Industrias (CNI) ha solicitado formalmente al Gobierno la implementación de medidas urgentes para revertir la persistente escasez de diésel en el país. Según la organización empresarial, la falta de este combustible ya está generando impactos negativos directos en la capacidad de producción, el transporte de materias primas, el traslado de productos terminados y, en consecuencia, el abastecimiento de bienes esenciales para los hogares bolivianos.
En un comunicado oficial emitido este miércoles, la CNI planteó una estrategia basada en tres ejes fundamentales para resolver el desabastecimiento. La primera propuesta consiste en la creación de un mecanismo de abastecimiento público-privado, que establezca una coordinación permanente entre el Estado y el sector empresarial. El objetivo de esta alianza sería garantizar que el flujo de combustible sea oportuno, regular y suficiente para cubrir las necesidades del aparato productivo.
El segundo punto central de la propuesta es la apertura a la libre importación de hidrocarburos. La CNI sostiene que el sector privado posee la capacidad de complementar la labor estatal, ayudando a cubrir la demanda nacional en un contexto donde Bolivia presenta una dependencia creciente de los combustibles importados. Para que esta medida sea efectiva, los industriales proponen que los precios de estas importaciones estén vinculados a los valores del mercado internacional.
Finalmente, la CNI demanda la simplificación y aceleración de los trámites administrativos. Actualmente, los procedimientos para que una empresa privada pueda importar combustible pueden extenderse durante varios meses. Los industriales argumentan que reducir esta burocracia permitiría que el sector privado se incorpore con rapidez al sistema de abastecimiento, evitando la dependencia exclusiva de la estructura de importación y distribución manejada por el Estado.
Este planteamiento surge en un momento crítico, ya que la escasez de diésel se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella para la actividad económica. A pesar de que YPFB ha asegurado que ha incrementado los despachos y que se está cubriendo la demanda, la realidad en las estaciones de servicio sigue reflejando filas persistentes de transportistas y productores.
Uno de los nudos más complejos es la política de precios. Actualmente, existe una distorsión en el mercado debido al Decreto Supremo 5676, que fijó un precio referencial de Bs 18 por litro para los grandes consumidores, mientras que para los transportistas y otros usuarios se mantiene el precio regulado de Bs 9,80. El Gobierno implementó esta medida para reducir la carga fiscal de la importación y combatir el contrabando, ya que la brecha entre el costo internacional y el interno incentivaba la reventa ilegal del carburante. No obstante, la propia estatal petrolera ha reconocido que mantener esta diferencia de precios es insostenible para las finanzas del Estado.
Ante esto, la CNI defiende que avanzar hacia un precio acorde a los valores internacionales atraería mayor oferta privada y eliminaría los incentivos para la especulación. Sin embargo, esta medida conlleva un riesgo económico: trasladar los costos internacionales al mercado interno podría elevar los costos de producción y distribución, lo que podría derivar en un incremento de los precios finales de los alimentos y bienes básicos si no se garantiza una competencia eficiente.
La presión sobre los costos es evidente. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó que el precio referencial de importación del diésel subió de $us 1,15 por litro en marzo a $us 1,72 en agosto. A este factor se suman las dificultades logísticas, la necesidad de divisas y la carencia de infraestructura de almacenamiento y transporte viable para los operadores privados.
La crisis de combustible se suma a un escenario económico ya debilitado. La CNI informó que las pérdidas económicas derivadas de los bloqueos ocurridos en mayo y junio superaron los $us 3.000 millones, afectando a más de 13.000 industrias y a unos 150.000 trabajadores. El sector industrial reportó además una caída del 1% en su PIB para el año 2025, impulsada por la escasez de combustibles, la dificultad de acceso a divisas, el aumento de costos en insumos importados y la baja inversión.
Finalmente, la CNI advirtió que el desabastecimiento de diésel pone en riesgo el sector agropecuario, especialmente durante los periodos de cosecha y preparación de nuevas campañas. La organización alertó que, de persistir la falta de combustible, podría comprometerse la cosecha de verano, poniendo en peligro la seguridad alimentaria y el abastecimiento de alimentos en el país.
