El Poder Ejecutivo ha presentado formalmente ante el Congreso de la República un proyecto de ley calificado como de "carácter urgente", mediante el cual solicita la delegación de facultades legislativas por un periodo de 120 días. Esta solicitud abarca un amplio espectro de competencias, detallando la intención de legislar sobre ocho materias distintas que se desglosan en un total de 66 aspectos legislativos. Sin embargo, la presentación de este pedido ha generado fuertes cuestionamientos debido a que el documento fue remitido con un mes de retraso respecto a los plazos previstos.
Este pedido se enmarca en un debate profundo sobre la vigencia de la separación de poderes y el mutuo control, elementos fundamentales para cualquier sociedad que se defina como democrática. De acuerdo con el marco normativo vigente, específicamente en los artículos 43, 102 y 118 de la Constitución, se establece una delimitación clara de funciones. Mientras que el Congreso tiene la atribución primordial de "dar leyes", el presidente de la República tiene la responsabilidad de dirigir la política general del gobierno, asegurando en todo momento que se cumpla la Constitución y las leyes establecidas.
A pesar de esta división de funciones, existe una excepción contemplada en el artículo 104 del CPP, el cual permite que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar. No obstante, para que dicha delegación sea válida y legítima, debe recaer sobre materias específicas y estar sujeta a un plazo determinado, condiciones que son el centro de la controversia en la actual solicitud del Ejecutivo.
Uno de los puntos más críticos de la solicitud es la contradicción observada en el ámbito de la seguridad ciudadana. A pesar de que el Gobierno pretende legislar sobre esta materia para combatir la delincuencia, se ha detectado que ha omitido expresamente la abolición de las denominadas "leyes procrimen". Esta omisión ha llevado a plantear que, para tener un mínimo de seriedad en los planes contra la delincuencia organizada, es imperativo que primero se deroguen dichas normativas que favorecen el crimen.
Ante este escenario, se ha manifestado que la delegación de facultades legislativas solo podría considerarse viable bajo condiciones muy estrictas y en temas específicos. En primer lugar, se podría delegar la facultad para ejecutar acciones urgentes ante la emergencia provocada por el fenómeno de El Niño, dada la naturaleza crítica de la situación climática que atraviesa el país. En segundo lugar, se podría aceptar la delegación en materia de inseguridad ciudadana, siempre y cuando el marco normativo establezca con total claridad los límites a las acciones represivas y se garantice plenamente el ejercicio del derecho a la movilización popular.
Respecto a las demás materias incluidas en el pedido, se sostiene que el Poder Ejecutivo no debe recurrir a la delegación de facultades, sino que debe remitir los proyectos de ley correspondientes al Congreso. De esta manera, los representantes políticos podrían debatir, modificar y votar los proyectos siguiendo el cauce democrático ordinario, asegurando que las leyes sean el resultado de un consenso legislativo y no de una decisión unilateral del Gobierno.
La insistencia en este pedido de facultades legislativas es interpretada como una confirmación de las intenciones del actual gobierno de concentrar el poder. Se argumenta que esta acción continúa con un proceso de ruptura del equilibrio de poderes que ya había sido impulsado anteriormente desde el Congreso. Asimismo, se afirma que esta tendencia reafirma un modelo de gestión orientado a beneficiar a los sectores que más tienen, alejándose de un enfoque inclusivo y democrático.
En conclusión, se hace un llamado urgente a que los representantes políticos respeten estrictamente la Constitución y las leyes. La estabilidad democrática depende de que no se vulneren los principios de separación de poderes y de que se priorice la derogación de las leyes procrimen para combatir la criminalidad con seriedad y rigor legal.
