La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha presentado una denuncia pública formal denominada "Diputados Solidarios", en la cual pone bajo análisis el manejo de 1,837 millones de lempiras provenientes del Fondo de Administración Solidaria. Según el informe, estos recursos fueron gestionados entre los años 2023 y 2025 por al menos 50 diputados, tanto propietarios como suplentes, para la implementación de programas de becas, cupones alimenticios, obras sociales y diversas ayudas ciudadanas.
La organización advierte sobre una preocupante carencia de transparencia y rendición de cuentas en el uso de estos fondos públicos. De acuerdo con los datos presentados, el Congreso Nacional habilitó a partir de 2023 una partida presupuestaria de hasta 950 millones de lempiras anuales, destinada a siete instituciones estatales. El objetivo primordial de estos fondos era financiar programas sociales y ejecutar obras de infraestructura menor en diversas comunidades.
Si bien instituciones como la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) figuran formalmente como las entidades ejecutoras, el informe de ASJ sostiene que los diputados desempeñaron un rol activo en la presentación de proyectos, la solicitud de beneficios y la gestión de la entrega de estas ayudas en el terreno. El núcleo del problema, señala ASJ, es la ausencia de liquidaciones y la falta de mecanismos efectivos para rastrear el destino final de los fondos. Solo en el año 2024, que fue el periodo de mayor ejecución, estas tres instituciones movilizaron un total de 898.5 millones de lempiras.
Uno de los hallazgos más críticos del informe se centra en los cupones y certificados alimenticios. ASJ reportó que, durante el periodo analizado, se realizaron canjes por más de 187 millones de lempiras; sin embargo, únicamente el 37 % de ese monto aparece debidamente liquidado. El resto de los fondos carece de una trazabilidad suficiente. Además, el informe destaca que más de 53 millones de lempiras en cupones fueron entregados mediante la gestión de un grupo de 26 diputados, todos pertenecientes al partido Libertad y Refundación (Libre).
En cuanto a las becas estudiantiles, el informe indica que 50 legisladores gestionaron más de 110 millones de lempiras para otorgar aproximadamente 22,000 becas entre 2023 y 2025. En los registros analizados, se identifica una alta concentración de recursos en figuras específicas: el exdiputado Rasel Antonio Tomé Flores, junto a su suplente, gestionó 29 millones de lempiras para 5,801 becas, seguido por Hugo Rolando Noé Pino y su suplente, con 25.7 millones de lempiras destinados a 5,142 becas.
La gravedad de la denuncia se incrementa con los resultados de las visitas y entrevistas aleatorias realizadas por ASJ a supuestos beneficiarios. La organización encontró que varias personas registradas oficialmente como receptoras de ayuda negaron haber recibido el beneficio. Otros aseguraron haber recibido una ayuda distinta a la que figura en los documentos. En un caso particular, se constató que una persona señalada como destinataria de apoyo económico ni siquiera poseía el negocio que aparecía registrado en los expedientes oficiales.
Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, ha cuestionado el destino de los recursos que no cuentan con una liquidación verificable y ha solicitado la intervención del Ministerio Público. Hernández confirmó que la denuncia ya ha sido entregada ante la Fiscalía para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas.
Asimismo, el informe incluye un análisis del capítulo hondureño de Transparencia Internacional, el cual revela que 23 de los diputados que gestionaron estos fondos —incluyendo obras sociales, becas y cupones— fueron reelectos en el proceso electoral más reciente. Entre los legisladores reelectos que gestionaron fondos para obras sociales se mencionan a Isis Cuéllar y Edgardo Casaña. ASJ sugiere que este patrón podría indicar el uso de recursos públicos como una herramienta de clientelismo político.
Finalmente, ASJ cuestionó que Sedesol aún no haya liquidado los fondos del periodo 2023-2025 y criticó la existencia de una cláusula de confidencialidad en el convenio entre el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y Sedesol para la administración de becas, argumentando que dicha cláusula no debe impedir el acceso a la información pública. Para evitar estas situaciones, la organización recomienda la aprobación de una Ley de Administración de Subvenciones, la publicación oportuna de beneficiarios y la prohibición de que los diputados intermedien en la entrega de ayudas públicas, especialmente en tiempos electorales.
