El Legislativo avanza en la estructuración de una iniciativa legal que promete transformar la gestión del tránsito y la seguridad en las vías del país. Se trata del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, una propuesta que plantea cambios profundos en el control de la red vial estatal, la regulación de los servicios de entrega a domicilio y la modificación de los contratos tecnológicos destinados al control del tráfico.
Esta iniciativa surge con el objetivo primordial de fortalecer la seguridad vial, combatir el accionar del crimen organizado y, fundamentalmente, reducir los espacios donde la corrupción ha permeado la gestión del tránsito. Según los lineamientos del proyecto, se busca implementar mecanismos más estrictos y transparentes para garantizar que las vías sean espacios seguros tanto para conductores responsables como para los transeúntes.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es la gestión de las competencias en materia de tránsito y transporte que actualmente ostentan los municipios. El proyecto de ley contempla la eliminación de estas competencias para aquellos gobiernos locales que no logren superar evaluaciones específicas. Una vez que estas evaluaciones entren en vigencia, las competencias de los municipios reprobados deberán ser transferidas y asumidas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Acompañando esta medida, la ley pone el foco en la matriculación vehicular, un área donde se han detectado graves irregularidades. De acuerdo con el contenido de la propuesta, se han identificado incongruencias significativas entre el número real de vehículos que conforman el parque automotor en ciertos municipios y la cantidad de matrículas que efectivamente se emiten, lo que sugiere la necesidad de un control más riguroso para evitar fraudes o errores administrativos.
En el ámbito tecnológico, la reforma introduce cambios sustanciales en las reglas para la contratación de los sistemas de control de tránsito, específicamente en lo que respecta a los radares instalados en vías y avenidas. El proyecto es enfático en prohibir que las empresas proveedoras de estos servicios reciban pagos basados en porcentajes. La justificación detrás de esta restricción es evitar que las empresas operadoras actúen como "juez y parte", eliminando cualquier incentivo económico vinculado directamente a la cantidad de infracciones detectadas.
Asimismo, el proyecto propone una reorganización en la rectoría del control de tránsito en la red vial estatal. La propuesta plantea que el Ministerio del Interior asuma la dirección de esta área, encargándose de organizar y coordinar la operación conjunta entre la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y la Policía Nacional, buscando una operatividad más cohesionada y eficiente en las carreteras.
Otro aspecto relevante y novedoso de la iniciativa es la regulación específica para los servicios de delivery. La propuesta legal considera que estas actividades están siendo aprovechadas por elementos delincuenciales que utilizan la fachada de repartidores para llevar a cabo actividades ilícitas. Entre los delitos mencionados que se pretenden combatir mediante esta regulación se encuentran el microtráfico, el tráfico de drogas, los robos, asesinatos, extorsiones y amenazas.
Para mitigar este riesgo, el paquete legal incorpora la creación de un registro nacional de conductores y vehículos de delivery. Este mecanismo permitirá mapear a todas las personas que realizan esta actividad laboral, permitiendo una identificación clara y un control más efectivo sobre quienes operan en este sector, devolviendo así la tranquilidad a los conductores y ciudadanos que respetan la normativa vial y que se ven afectados por el mal uso de estos servicios.
Finalmente, la ley busca implementar nuevos mecanismos para la identificación de vehículos, reforzando la capacidad del Estado para rastrear y controlar el flujo automotor. Con este conjunto de medidas, el Legislativo pretende cerrar las brechas que permiten la impunidad y la corrupción, priorizando la vida y la seguridad de todos los actores que transitan por las vías estatales y urbanas.
