Los servicios de entrega a domicilio en Ecuador se encuentran ante la posibilidad de enfrentar transformaciones significativas en su operatividad. Esto se debe al proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Vial, una iniciativa legislativa que busca reformar la actual Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y que actualmente se encuentra en proceso de análisis dentro de la Asamblea Nacional.
Recientemente, la Comisión de Desarrollo Económico del organismo legislativo dio un paso adelante al aprobar el informe correspondiente, lo que permite que el proyecto sea trasladado al Pleno de la Asamblea para su debate. El núcleo de esta propuesta es la implementación de una regulación específica dirigida a las personas que se dedican a realizar entregas a domicilio, buscando poner orden en un sector que ha crecido rápidamente en los últimos años.
Una de las medidas más destacadas y centrales de esta reforma es la creación de un Registro Nacional de Conductores y Vehículos de Delivery. Este sistema no sería un simple listado, sino que permitiría la identificación y georreferenciación de los conductores y los vehículos que prestan servicios de reparto en todo el territorio ecuatoriano. Con esta herramienta, el Estado busca tener un control más riguroso sobre quiénes operan en este mercado y dónde se desplazan.
La motivación detrás de esta iniciativa es principalmente de seguridad. Según la justificación presentada para impulsar estos nuevos controles, existe una preocupación creciente por el uso indebido de motocicletas y de los elementos distintivos asociados a las empresas de delivery. Las autoridades han advertido que estos implementos han sido utilizados en diversas ocasiones para encubrir actividades delictivas, permitiendo que los infractores se camuflen entre los repartidores legítimos.
Entre las actividades criminales que se busca combatir mediante esta regulación se encuentran los robos, las extorsiones y las amenazas. Asimismo, el proyecto menciona que el uso de la fachada de delivery ha sido vinculado con el microtráfico, el tráfico de drogas y, en casos más graves, con la ejecución de asesinatos. Por lo tanto, la georreferenciación y el registro obligatorio se presentan como mecanismos para reducir la impunidad y aumentar la vigilancia.
Para quienes logren registrarse y operar bajo este nuevo esquema, la ley establece condiciones obligatorias que deberán cumplirse estrictamente durante su jornada laboral. Los repartidores deberán contar con la licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo que operen, utilizar un casco homologado para garantizar su seguridad y vestir un chaleco reflectivo que facilite su visibilidad en las vías.
Además, la normativa pone especial énfasis en la transparencia de la identificación del vehículo. Se requerirá que la placa de identificación permanezca visible en todo momento mientras se realizan las entregas. Otro punto crítico de la regulación es la prohibición explícita de transportar pasajeros mientras el conductor se encuentre prestando el servicio de delivery, una práctica que se busca erradicar para mantener el enfoque exclusivo de la actividad de reparto.
La administración de este complejo sistema estará a cargo del Ministerio de Transporte. Para asegurar que la implementación sea efectiva, el ministerio coordinará acciones conjuntas con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y los diversos municipios que, hasta el momento, son los encargados de regular esta actividad a nivel local.
La necesidad de este registro también responde a un vacío de información estadística en el país. Actualmente, Ecuador no posee un registro nacional actualizado que permita determinar con exactitud cuántas personas trabajan exclusivamente como repartidores de delivery. Existen datos divergentes: por un lado, Fairwork estimó en 2024 que alrededor de 40.000 personas se desempeñaban como repartidores y conductores de plataformas digitales. Por otro lado, un estudio de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador situó esa cifra en 35.268 trabajadores. La creación del registro nacional permitiría, finalmente, conocer con precisión el universo de personas y vehículos dedicados a esta labor.
Es importante señalar que estas obligaciones aún no han entrado en vigor. El informe aprobado por la Comisión debe ser sometido a un segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional para su aprobación final. De convertirse en ley, el sector del delivery entraría en una etapa de regulación formal. Cabe añadir que la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Vial no se limita al delivery, ya que también contempla cambios en la compra de motocicletas, la instalación de radares en las vías y otros puntos relacionados con la seguridad vial general.
