La abogada Nadia Beller ha revelado nuevas y graves denuncias relacionadas con el atentado contra su vida, señalando directamente a una exfuncionaria de la Aduana Nacional como presunta implicada en la planificación de un intento de feminicidio en su contra. Según las declaraciones emitidas por la jurista, existen elementos probatorios sustanciales que vinculan a María Argentina Rojas Roca con este hecho criminal, datos que presuntamente se encuentran detallados en el cuaderno de investigación del caso.
A través de sus redes sociales, Beller informó que el cuaderno de investigación contiene evidencias que implican a la exfuncionaria. Específicamente, la abogada indicó que se han identificado transferencias económicas y la realización de reuniones mantenidas entre Rojas Roca y los sicarios encargados de ejecutar el ataque. De acuerdo con la denuncia, estos encuentros y movimientos financieros habrían ocurrido en los días inmediatamente previos a la tentativa de feminicidio, lo que sugeriría una coordinación directa para atentar contra la integridad física de la profesional del derecho.
La figura de María Argentina Rojas Roca no es ajena a la controversia. Nadia Beller recordó que, en el pasado, ya había manifestado sus preocupaciones y cuestionamientos respecto a la contratación de esta persona. La exfuncionaria desempeñó el cargo de administradora de la Aduana de Viru Viru, una designación que Beller criticó abiertamente en su momento debido a que Rojas Roca contaría con antecedentes penales públicos relacionados con el narcotráfico en Brasil.
En relación con este nombramiento, la abogada detalló que sostuvo una confrontación directa con Fernando Cerimedo para reprocharle la designación de una persona con semejantes antecedentes en un cargo de tal responsabilidad dentro de la Aduana Nacional. Según el relato de Beller, la respuesta recibida por parte de Cerimedo fue que la funcionaria contaba con un "aval político", lo que habría justificado su permanencia y nombramiento a pesar de los cuestionamientos sobre su historial legal en el extranjero.
Para la abogada, los nuevos hallazgos en el proceso de investigación no son hechos aislados, sino que evidencian una conexión alarmante entre funcionarios públicos y el plan diseñado para eliminarla. Beller sostuvo que estos elementos demuestran una estructura donde no solo se ha permitido la incorporación de personas vinculadas a la mafia para trabajar dentro del aparato estatal, sino que se ha utilizado dicha estructura para fines criminales.
La denunciante fue enfática al afirmar que el caso pone de manifiesto cómo diversos funcionarios públicos habrían colaborado directamente con Fernando Cerimedo en la ejecución de un plan destinado a acabar con su vida. Para Beller, la presunta implicación de Rojas Roca es la prueba de que el Estado fue infiltrado por redes criminales que operan bajo el amparo de respaldos políticos.
Este escenario plantea una situación crítica en la que la administración de la Aduana de Viru Viru y las decisiones de nombramiento de Cerimedo quedan bajo el escrutinio de la justicia. La abogada insiste en que las transferencias y las reuniones con los sicarios, consignadas en el cuaderno de investigación, son la pieza clave para desarticular la red que habría operado detrás del intento de feminicidio.
En resumen, la postura de Nadia Beller es que el atentado en su contra no fue un acto aislado de criminalidad común, sino un plan coordinado que involucró la complicidad de personas insertas en el servicio público y el respaldo de figuras políticas, utilizando la infraestructura estatal para facilitar la logística de un crimen.
