La atmósfera de tensión ha alcanzado niveles críticos en la residencia presidencial de San Jorge y en el penal de Palmasola. El Fiscal General, Roger Mariaca, ha establecido un plazo perentorio para que la comisión de fiscales determine las acciones legales a seguir respecto a la segunda denuncia por Enriquecimiento Ilícito interpuesta contra Fernando Cerimedo, quien se ha desempeñado como "asesor principal". Este proceso judicial adquiere una complejidad mayor debido a que la denuncia no se limita al consultor argentino, sino que incluye a María Elena Urquidi, conocida como “Bibi” y esposa de Rodrigo Paz Pereira.
Ante la gravedad de las acusaciones, el Fiscal General Mariaca ha sido tajante al advertir que cualquier intento de presionar el curso de la investigación tendrá consecuencias directas para quien lo intente. Este clima de hostilidad ha generado temores sobre posibles actos de intimidación contra los fiscales, especialmente en la zona de El Alto, en un caso que tuvo sus orígenes en una tentativa de feminicidio y que ahora amenaza con socavar los cimientos mismos de la actual Presidencia.
En un intento por mitigar la presión mediática y política, el miércoles pasado el Palacio presidencial optó por una estrategia de distanciamiento. El presidente Rodrigo Paz publicó un video, descrito como un material enlatado y con una edición deficiente, en el cual se refirió a Cerimedo simplemente como "el señor Cerimedo", calificándolo como un colaborador ocasional de campaña que posteriormente se separó del equipo por falta de tiempo. El Gobierno y su aparato mediático intentan sostener esta versión basándose en la inexistencia de un contrato formal, un argumento que ha sido cuestionado por sectores que comparan dicha justificación con intentar negar la corrupción basándose en la falta de facturas.
Sin embargo, esta versión oficial choca frontalmente con la evidencia disponible. Nadia Beller, operadora que trabajó en condiciones similares a Cerimedo y superviviente de un atentado, cuenta con material suficiente para desmentir la narrativa presidencial. Asimismo, existen testimonios, imágenes y videos en organismos institucionales que acreditan la influencia real de Cerimedo en el gabinete. Entre las pruebas se menciona su presencia en reuniones con Marco Rubio y su rol en la organización de la conferencia de prensa posterior al encuentro entre Paz y Kast.
Frente a este escenario, el presidente Paz ha intentado redirigir la conversación apelando a los valores cristianos de su familia. Simultáneamente, los aparatos gubernamentales han comenzado a difundir la tesis de un presunto “golpe de Estado” en preparación, integrando en esta declaración al propio Cerimedo y rescatando la figura de un Edmand Lara que aún intenta recuperarse del rechazo acumulado en los primeros meses de gestión.
Por su parte, Fernando Cerimedo ha mantenido su estrategia de cambiar la narrativa según la conveniencia de sus clientes. Durante una audiencia de medidas cautelares el pasado sábado por el caso de Enriquecimiento Ilícito, el estratega denunció una conspiración orquestada por Nadia Beller. En un momento de vulnerabilidad, Cerimedo lloró ante el tribunal, alegando que el daño reputacional sufrido es “enorme” y utilizando este argumento para sostener que no existe riesgo de fuga, ya que su prioridad sería limpiar su nombre.
La crisis política coincide con un momento crítico para la gestión económica. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, se vio obligado a retirarse tras el escándalo de un Audi e-tron mal declarado. En consecuencia, el viceministro Christian Morales ha asumido el liderazgo de las negociaciones con la banca multilateral, incluyendo al Fondo Monetario Internacional (FMI). La misión de Morales es compleja, pues el FMI exige "estabilidad" en un momento en que Bolivia atraviesa una fuerte turbulencia. Además, el Gobierno enfrenta la difícil tarea de conseguir respaldo legislativo para reformas clave, como la Ley de Inversiones, en medio de disputas entre Libre, que solicita una reforma constitucional, y Aramayo, quien sostiene que tales procesos podrían tardar entre cinco y diez años.
En el ámbito político interno, el panorama es de cautela. Samuel Doria Medina enfrenta problemas de salud, mientras que Tuto Quiroga ha optado por mantener un perfil bajo para preservar su margen de maniobra ante la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones.
Finalmente, la situación social permanece en un equilibrio precario. El Estado de Excepción se encuentra en cuenta regresiva y, aunque se han realizado algunas negociaciones para liberar detenidos, la economía se ha agravado. Las únicas decisiones de fondo tomadas han sido la liberación del dólar y el incremento del precio del diésel para los productores. Mario Argollo, líder de la COB, ha reaparecido para realizar un "análisis orgánico" de la situación, advirtiendo que la subida del diésel podría disparar la inflación de la canasta básica, aunque por el momento no ha prometido medidas de fuerza inmediatas.
