El Gobierno Nacional de Colombia, bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, ha formalizado un cambio drástico en su estrategia de seguridad y gestión de conflictos internos. A través de una serie de resoluciones oficiales, el mandatario ha decidido revocar las designaciones de los negociadores y cerrar definitivamente tres procesos de diálogo que se mantenían abiertos con diversos grupos armados ilegales del país.
Estas medidas, que fueron expedidas el pasado viernes 28 de agosto de 2026 y dadas a conocer públicamente este sábado 29, representan el inicio del desmonte formal de la política denominada “paz total”, la cual había sido el eje central de la gestión del anterior presidente, Gustavo Petro. Con estas acciones, la nueva administración deja claro que ha abandonado el enfoque de negociaciones múltiples para adoptar una postura distinta frente a las organizaciones criminales y armadas.
Los procesos de diálogo que han sido terminados afectan a tres estructuras específicas. En primer lugar, se cerró la mesa de negociaciones con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF). Esta estructura, perteneciente a las disidencias de las FARC y vinculada a alias ‘Calarcá’, contaba con el liderazgo de los comandantes Gentil Duarte y Jorge Suárez Briceño, además de la participación del Frente Raúl Reyes.
En segundo lugar, la decisión presidencial puso fin a los diálogos mantenidos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Finalmente, el Gobierno también determinó el cierre del espacio de conversación sociojurídico que se adelantaba con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), grupo ampliamente conocido en la región como "Los Pachenca".
Para justificar este giro en la política estatal, el Gobierno de Abelardo de la Espriella argumentó que, a lo largo del desarrollo de estos procesos, se presentaron diversos hechos que debilitaron significativamente las conversaciones. Según el comunicado oficial, no se evidenció una voluntad real por parte de estos grupos armados para alcanzar la paz, avanzar en procesos de reinserción a la vida civil o aceptar un sometimiento efectivo ante la justicia colombiana.
La decisión del Ejecutivo no se limitó únicamente al cierre de las mesas de diálogo. Las resoluciones emitidas tienen un alcance administrativo y legal más amplio, ya que revocan formalmente las designaciones de todos los representantes del Gobierno que habían sido nombrados para participar en dichas negociaciones. Asimismo, se ha retirado el reconocimiento oficial que permitía a los integrantes de los grupos armados actuar como delegados legítimos dentro de los marcos de los procesos de paz.
Un punto particularmente riguroso de estas resoluciones se aplica al caso de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Para este grupo, el Gobierno no solo cerró el espacio de conversación, sino que dispuso la reactivación inmediata de las órdenes de captura contra varios de sus integrantes, eliminando cualquier protección o estatus especial que pudieran haber tenido durante el proceso de acercamiento.
Este movimiento marca una ruptura profunda con la visión de seguridad del gobierno de Gustavo Petro. La estrategia de “paz total” buscaba abrir múltiples frentes de negociación y procesos de sometimiento con diversas organizaciones criminales y grupos armados en todo el territorio nacional. No obstante, esa política ya había enfrentado crisis severas incluso antes del cambio de mando, destacándose la suspensión previa de los diálogos con el ELN y ciertos sectores del Estado Mayor Central.
El presidente Abelardo de la Espriella ya había adelantado su postura antes de asumir la presidencia. Durante su discurso de posesión, el mandatario sostuvo firmemente que la opción del diálogo estaba agotada en lo que respecta a los grupos armados ilegales. Con la expedición de estas resoluciones, su administración comienza a ejecutar y formalizar el giro estratégico que había prometido, cerrando los últimos procesos de negociación que permanecían activos desde la administración de Petro.
