El activista Beto Coral, reconocido por su cercanía al gobierno del presidente Gustavo Petro, ha sido protagonista de una serie de eventos críticos que abarcan dos países. Recientemente, se confirmó que Coral fue detenido en el estado de Arizona, Estados Unidos, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras su captura, las autoridades norteamericanas procedieron con su expulsión del territorio estadounidense, marcando un giro abrupto en su situación migratoria y legal en dicho país.
Este incidente en territorio estadounidense ocurre poco tiempo después de que el activista decidiera abandonar Colombia. Según la información disponible, Beto Coral salió del país hace tres semanas, una decisión motivada por las amenazas y los riesgos persistentes que comprometían su continuidad y seguridad en territorio colombiano. Su salida buscaba, presumiblemente, encontrar un refugio seguro ante el panorama de riesgo que enfrentaba en su lugar de origen.
Paralelamente a los acontecimientos en Estados Unidos, en Colombia se han tomado decisiones administrativas significativas respecto a la protección de su círculo familiar. Con la llegada de un nuevo Gobierno, se han implementado cambios en la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Bajo la nueva dirección de Didier Blanco, la UNP ha iniciado un proceso exhaustivo de revisión de las necesidades de diversos esquemas de seguridad asignados a diferentes personas en el país.
Dentro de este marco de revisión técnica y administrativa, el esquema de seguridad brindado al activista Beto Coral ha sido evaluado. Como resultado de este proceso, una fuente cercana al activista confirmó a Caracol Radio que se ha recibido la resolución formal para el desmonte del esquema de seguridad. Es importante precisar que esta medida de retiro de protección no afecta directamente a Coral, quien ya se encuentra fuera del país, sino que impacta a su madre y a su hermano.
La decisión de la UNP de retirar la seguridad a los familiares de Beto Coral ha generado una fuerte reacción y cuestionamientos por parte de su núcleo cercano. La familia ha manifestado su preocupación y desacuerdo con los plazos otorgados para reaccionar ante esta resolución. Específicamente, cuestionan el hecho de disponer de únicamente 10 días para apelar la decisión administrativa que deja sin protección a sus integrantes.
La preocupación de la familia se intensifica al considerar la vulnerabilidad de la madre del activista. Según se ha informado, ella es viuda de un oficial de la Policía Nacional, una condición que, lejos de brindarle tranquilidad, ha estado acompañada de situaciones críticas. La familia sostiene que la madre de Beto Coral ha sido víctima de amenazas y persecución, lo que, a su juicio, justifica la permanencia y el mantenimiento del esquema de seguridad proporcionado por el Estado colombiano.
El caso de Beto Coral pone de relieve la complejidad de la gestión de seguridad para activistas y sus familias en Colombia, especialmente durante periodos de transición administrativa en entidades como la UNP. La coincidencia entre la expulsión de Coral de Estados Unidos y el desmonte de la seguridad de sus familiares en Colombia crea un escenario de alta vulnerabilidad para el grupo familiar.
En resumen, mientras Beto Coral enfrenta las consecuencias de su situación migratoria en Norteamérica tras ser expulsado por el ICE en Arizona, su familia en Colombia lucha contra el reloj para evitar la pérdida de sus medidas de protección. La disputa legal ahora se centra en la capacidad de la familia para apelar la resolución de la UNP en el plazo establecido, argumentando que el riesgo de amenazas y persecución sigue vigente, independientemente de la ubicación geográfica del activista.
