Desde el centro penitenciario de Palmasola, Fernando Cerimedo, quien se desempeña como asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha emitido una carta en la que respalda las recientes declaraciones del mandatario sobre su función dentro del Gobierno. Cerimedo redactó este documento mientras cumple una detención preventiva derivada de una acusación por tentativa de feminicidio.
En el contenido de la misiva, el consultor argentino es enfático al aclarar los límites de su cargo. Cerimedo señala que su rol como colaborador del presidente no le otorgó en ningún momento autorización ni poder legal para actuar o representar a la familia del mandatario. Asimismo, aprovechó el espacio para desmentir categóricamente haber participado en "negociados" relacionados con la distribución de oro, combustible y seguros, actividades que le han sido atribuidas por su expareja, la abogada Nadia Beller.
La situación jurídica de Cerimedo se ha complicado significativamente tras los eventos ocurridos la noche del 17 de agosto, fecha en la que la abogada Nadia Beller fue blanco de un ataque perpetrado por dos sicarios, quienes le dispararon en tres ocasiones. Beller ha señalado directamente a Cerimedo como el autor intelectual de dicho atentado, argumentando que el objetivo principal de la agresión era "silenciarla" para evitar que denunciara diversos casos de corrupción estatal que involucran tanto al asesor presidencial como a su entorno familiar.
Ante estas graves acusaciones, Cerimedo ha respondido en su carta afirmando que "las mentiras y chismes no constituyen hechos". El asesor también lamentó que una situación de carácter personal, la cual manifestó no haber podido manejar, se haya transformado en un asunto de interés político. En sus palabras, este escenario está siendo aprovechado por sectores que, según él, no desean sacar a Bolivia del "pozo" en el que fueron sumergidos durante los 20 años del evismo.
En el plano judicial, la situación del asesor es crítica. El pasado viernes, fue enviado a prisión preventiva por un periodo de 180 días mientras avanza la investigación por la tentativa de feminicidio contra Beller. No obstante, este no es el único proceso que enfrenta; Cerimedo también es objeto de un proceso penal por enriquecimiento ilícito, fundamentado en las declaraciones de la abogada, y otro proceso por encubrimiento al narcotráfico, vinculado a la supuesta autorización de vuelos irregulares destinados al traslado de sustancias controladas.
La carta enviada desde Palmasola busca alinearse con el mensaje difundido previamente por el presidente Rodrigo Paz. El mandatario, quien ha enfrentado una creciente presión política para esclarecer las funciones reales de Cerimedo y responder por las denuncias en su contra, minimizó la influencia del asesor en un mensaje grabado. Paz afirmó que la labor de Cerimedo se limitó estrictamente al ámbito de la comunicación, tanto durante la campaña electoral como en los primeros meses de su gestión gubernamental.
Sin embargo, esta versión oficial contrasta con diversas evidencias y testimonios. Se ha documentado la participación de Cerimedo en eventos privados de altísimo nivel, tales como una reunión con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, encuentro al que solo asistieron el presidente Paz y el entonces canciller boliviano. Además, el asesor estuvo presente en el saludo protocolar al rey de España durante su visita oficial al país. La controversia se intensificó tras el allanamiento de su domicilio, donde se hallaron tarjetas de presentación en las que Cerimedo se identificaba explícitamente como el "asesor principal" de Rodrigo Paz.
Este entramado de denuncias ha provocado una crisis política en el Ejecutivo boliviano. Este jueves se dio a conocer la presentación de una acción de cumplimiento ante la Sala Constitucional Primera de La Paz. El objetivo de este recurso es que la Asamblea Legislativa active un juicio de responsabilidades contra el presidente Rodrigo Paz por una supuesta "traición a la patria", en relación con las actividades y acusaciones que pesan sobre su consejero.
De manera paralela, la tormenta legal ha alcanzado a la esposa del mandatario, María Elena Urquidi. Se ha presentado una denuncia formal contra ella por presuntos hechos de corrupción. El documento legal solicita al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, que evalúe la información proporcionada por Nadia Beller y proceda a iniciar una investigación de oficio sobre el particular.
