El Ministerio Público ha presentado una acusación formal y una solicitud de apertura a juicio contra 23 personas vinculadas al Grupo Aldesa, a quienes se les imputa el presunto delito de estafa mayor y otros cargos. Según el documento de la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios, entre abril y noviembre de 2018, la entidad Aldesa Corporación de Inversiones (ACI), controladora del grupo, habría emitido 10 cheques sin fondos como medio para cancelar obligaciones con Aldesa Puesto de Bolsa.
Esta maniobra, que involucró un monto total de $3,83 millones, habría tenido como objetivo principal la alteración de los registros contables mensuales. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, estas acciones permitieron suministrar información “falsa e inexacta” a la Superintendencia General de Valores (Sugeval), el ente regulador encargado de supervisar el puesto de bolsa.
El esquema operaba de manera cíclica. El giro de los cheques sin fondos se ejecutaba sistemáticamente a finales de cada mes. El propósito era influir positivamente en el índice de suficiencia patrimonial (ISP) de Aldesa Puesto de Bolsa, un indicador crítico que mide la fortaleza del capital de una entidad y su capacidad para hacer frente a los riesgos inherentes a su actividad. Sin embargo, el efecto era temporal: a los pocos días, durante los primeros días del mes siguiente, el indicador regresaba a su estado de deterioro una vez que las entidades bancarias devolvían los cheques por falta de fondos.
El expediente judicial 19-000157-1220-PE detalla que los cheques contaban con las firmas de tres funcionarios del Grupo Aldesa: Fernando Rojas García, entonces gerente financiero, quien firmó cuatro cheques; Roger Castillo Cruz, jefe del Área de Tesorería, quien firmó los 10 cheques; y Ana Catalina Jaramillo Cordero, asesora, quien firmó tres. La Fiscalía presume que los imputados eran plenamente conscientes de que la cuenta bancaria destinada al pago no disponía de los fondos suficientes.
Según la acusación, entre abril y diciembre de 2018, Aldesa Puesto de Bolsa proporcionó información errónea a la Sugeval para ocultar la verdadera situación financiera y los riesgos de la entidad, así como cualquier grado de inestabilidad. Mediante este engaño, se pretendía aparentar el cumplimiento de límites regulatorios estrictos, específicamente en cuanto a la suficiencia patrimonial, el índice de financiamiento y el indicador del límite al saldo de posiciones de compra a plazo ajustado por riesgo (SAAR).
La relación entre las entidades se basaba en contratos de referimiento de clientes. Aldesa Puesto de Bolsa refería potenciales clientes a ACI y sus subsidiarias (entidades no reguladas por Sugeval) a cambio de comisiones. Estas comisiones pendientes de pago eran reflejadas en las "cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas". Al acreditar los cheques sin fondos al final del mes, se lograba una reducción ficticia de estas cuentas por cobrar, mejorando artificialmente los indicadores y evitando así una posible intervención del ente regulador.
Tras la publicación de la información mensual ante el regulador, el puesto de bolsa recibía la notificación bancaria de que los cheques habían sido reversados. En ese momento, la entidad procedía a reversar contablemente los montos, devolviendo los índices de suficiencia, financiamiento y SAAR a sus niveles reales.
Para intentar subsanar esta situación, el 18 de diciembre de 2018, Aldesa Corporación de Inversiones habría traspasado a favor del puesto de bolsa títulos privados de deuda por un valor total de $968.000, emitidos por dos subsidiarias no reguladas: Fortaleza Habitacional La Balvina ($484.000) e Inmobiliaria Altos de la Verbena ($484.000).
Paralelamente, la Sugeval llevó a cabo un proceso administrativo sancionador que culminó el 3 de diciembre de 2021 con la resolución SGV-R-3696. En dicho documento, se halló a Aldesa Puesto de Bolsa responsable de no mantener claridad ni exactitud en sus registros contables. Asimismo, se acreditó la infracción al Reglamento de Gestión de Riesgo por sobrepasar el límite del 10% en financiamiento a clientes individuales y exceder el límite del indicador SAAR, el cual no debía superar las 25 veces el capital base. Esta resolución fue confirmada en todos sus extremos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero el 17 de abril de 2023.
Finalmente, el Ministerio Público señaló que ocho directivos del Grupo Aldesa habrían sido informados en repetidas ocasiones sobre la emisión de estos cheques sin fondos. No obstante, la Fiscalía indica que, a pesar de conocer estas prácticas mercantiles ilegales que afectaban a las empresas bajo su dirección, no hubo pronunciamiento ni acciones correctivas por parte de la Junta Directiva.
Consultados por La Nación, Fernando Rojas García indicó que no se referirá al tema mientras el proceso esté en audiencia preliminar, siguiendo la recomendación de sus asesores legales. Roger Castillo Cruz manifestó que prefiere no hacer comentarios, mientras que Ana Catalina Jaramillo Cordero no respondió a los intentos de comunicación.
