El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, lanzó este miércoles una serie de fuertes críticas contra la gestión del actual presidente, Rodrigo Paz, durante una concentración masiva realizada en la localidad de Ivirgarzama. En el marco de un mitin convocado por los sectores cocaleros que lidera, Morales arremetió contra el Ejecutivo, calificando al presidente Paz como un mandatario que llegó al poder "por accidente" y acusándolo abiertamente de supuesta corrupción.
El evento tuvo lugar en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera situada en el centro del país que representa el bastión sindical y político más importante para el exgobernante. Ante centenares de sus seguidores, Morales manifestó que el Gobierno actual "solo sabe robar y no sabe gobernar", asegurando que la actual administración carece de una gestión pública eficiente y de una buena administración para el beneficio de Bolivia. Cabe destacar que, durante su intervención, el líder cocalero lanzó estas acusaciones contra el presidente Paz y su entorno familiar sin presentar pruebas que sustentaran sus afirmaciones.
Uno de los puntos centrales del discurso de Evo Morales fue el cuestionamiento al estado de excepción que rige en el territorio boliviano desde el pasado mes de junio. Este decreto fue implementado por el Gobierno tras una ola de protestas sociales ocurridas entre mayo y junio. Según Morales, la medida no ha tenido un propósito de orden público, sino que ha sido utilizada "para más robar" y para la implementación de lo que él denominó "políticas de hambre".
En el ámbito económico, el exmandatario criticó severamente las recientes decisiones del Ejecutivo, haciendo especial énfasis en el retiro de la subvención al precio del diésel para aquellos sectores catalogados como "grandes consumidores". Esta medida económica fue, precisamente, una de las detonantes principales para que los cocaleros convocaran la concentración en Ivirgarzama. La eliminación parcial de este subsidio ha generado tensiones no solo en el sector cocalero, sino también entre agricultores del oriente del país, quienes han amenazado con iniciar nuevos bloqueos de carreteras.
La jornada en Ivirgarzama no fue exclusiva de Morales, ya que su discurso estuvo precedido por las intervenciones de diversos dirigentes sindicales afines. Estos líderes también expresaron su rechazo al Gobierno de Rodrigo Paz y anunciaron la organización de nuevas movilizaciones, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas con otros sectores sociales en diversas regiones de Bolivia.
La situación política de Evo Morales se desarrolla en un contexto legal complejo. El exmandatario permanece refugiado desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde es custodiado por centenares de seguidores para evitar el cumplimiento de órdenes judiciales. Actualmente, pesan sobre él dos órdenes de captura. La primera se deriva de una investigación por su presunta relación con una menor de edad, con quien supuestamente habría tenido una hija durante su mandato presidencial en el año 2016.
La segunda orden de captura fue emitida a finales de julio por la Fiscalía, bajo acusaciones de terrorismo y alzamiento armado, entre otros delitos. Estos cargos se vinculan a su presunta implicación en las protestas y los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, jornadas en las que se exigía la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Dichos conflictos sociales solo cesaron después de que el Gobierno alcanzara acuerdos con algunos sectores y decretara, el 20 de junio, un estado de excepción por un periodo de 90 días para liberar las rutas terrestres. Aquellos bloqueos habían provocado desabastecimientos críticos de alimentos, insumos médicos y combustibles, generando pérdidas económicas estimadas en más de 3.000 millones de dólares.
Por su parte, el Gobierno ha respondido a través del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo. Desde La Paz, el funcionario aseguró que el estado de excepción sigue vigente y que fue dictado con un carácter "humanitario" para garantizar el suministro de productos básicos y combustibles. Aramayo afirmó que la medida es necesaria debido a que ha quedado en evidencia que Bolivia enfrenta una situación de "narcoterrorismo contra el Estado". El ministro advirtió que, de continuar las amenazas de movilizaciones y bloqueos, el Gobierno se verá obligado a ampliar el estado de excepción para proteger las garantías democráticas y la vigencia plena del estado de derecho.
