La líder política Keiko Fujimori ha generado una controversia pública tras reconocer que mantuvo un encuentro con el empresario argentino Damián Valenzuela Mayer. La reunión tuvo lugar el pasado domingo en un establecimiento de spa ubicado en el distrito de La Victoria. A pesar de admitir la veracidad del encuentro, Fujimori fue enfática al negar que exista cualquier tipo de relación sentimental entre ella y el ciudadano extranjero.
Este hecho ha desencadenado un intenso debate jurídico y ético sobre los límites de la privacidad de las figuras públicas que ocupan cargos de alta responsabilidad. En el programa "Prueba de Fuego" de RPP, los abogados Humberto Abanto y Carlos Rivera analizaron si un jefe de Estado posee el derecho fundamental a una vida privada o si, por el contrario, sus acciones están sujetas al escrutinio público permanente.
Para el abogado Carlos Rivera, si bien un mandatario goza de derecho a la privacidad, existen circunstancias especiales que justifican la revelación de ciertos hechos. En este sentido, Rivera avaló la legitimidad de la información difundida por el semanario "Hildebrandt en sus Trece", argumentando que la trayectoria de Damián Valenzuela y las especulaciones sobre su rol político hacen que el caso sea relevante. Rivera destacó que se ha hablado de la condición de Valenzuela como un posible asesor presidencial, una afirmación que ha sido sostenida por algunos sectores y negada por otros.
Como elemento probatorio de una posible relación política, y no sentimental, Rivera señaló la presencia del empresario argentino en la ceremonia de toma de mando. Bajo esta premisa, el abogado sostuvo que la publicación periodística es totalmente legítima, sugiriendo que el vínculo entre Fujimori y Valenzuela trasciende lo estrictamente personal para entrar en el terreno de lo político.
Por el contrario, el abogado Humberto Abanto presentó una postura divergente, centrada en la cronología de los hechos y el respeto a la verdad. Abanto aclaró que el encuentro en el spa entre Keiko Fujimori y Valenzuela Mayer ocurrió antes de que ella juramentara en el cargo que ostenta actualmente. Asimismo, subrayó que, hasta la fecha, no se ha presentado evidencia alguna que demuestre que el ciudadano argentino tenga una relación formal o vinculante con el Estado peruano.
Abanto fue crítico con el tratamiento mediático del caso, calificando algunas afirmaciones como un "exceso". Específicamente, cuestionó que se haya acusado a Valenzuela de ser un estafador sin que exista una sentencia penal que respalde dicha calificación. Para Abanto, la labor de búsqueda periodística debe encontrar límites claros en el respeto a la verdad y la verificación de los hechos. El abogado reiteró que no ha encontrado ningún interés público en la nota periodística, cuestionando directamente en qué asunto estatal estaría involucrado el señor Valenzuela.
Ante estas acusaciones, Damián Valenzuela Mayer utilizó su cuenta en la red social X para expresar su malestar. El empresario afirmó haber sido víctima de "difamación agravada" por parte del semanario "Hildebrandt en sus Trece", específicamente por haber sido señalado de poseer denuncias por estafa en los Estados Unidos. Valenzuela señaló directamente a Eloy Marchán y César Hildebrandt como coautores del delito de difamación, lamentando el daño moral y patrimonial causado.
Para respaldar su postura, Valenzuela envió una carta notarial al semanario, documento al que RPP tuvo acceso. En dicha misiva, el empresario argentino aseveró categóricamente que no cuenta con sentencias penales por ningún delito. Además, aclaró un punto fundamental sobre sus antecedentes en Estados Unidos, precisando que los procesos mencionados en la publicación periodística son de carácter civil y no penal, desmintiendo así la etiqueta de estafador en términos criminales.
