La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha manifestado una profunda preocupación ante la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, advirtiendo que existen disposiciones específicas dentro de este cuerpo legal que podrían comprometer la estabilidad y la seguridad jurídica de quienes ejercen la docencia en el país. Según las declaraciones emitidas por el gremio, de no producirse las modificaciones pertinentes, la carrera docente podría enfrentar un proceso de judicialización que afectaría el desempeño normal de sus funciones.
Estas advertencias fueron planteadas por Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, en el marco de un panel especializado titulado “Impacto del nuevo Código Penal en el ejercicio de la función docente”. Durante este encuentro, Hidalgo expuso la postura del sindicato, señalando que el análisis de la nueva normativa revela puntos críticos que podrían derivar en que los maestros sean sometidos a procesos judiciales como consecuencia directa del ejercicio de sus responsabilidades profesionales.
El dirigente gremial fue cuidadoso al precisar que la ADP no se opone a la búsqueda de una mayor seguridad para los estudiantes. Por el contrario, Hidalgo explicó que el gremio reconoce y acepta la necesidad fundamental de fortalecer los mecanismos de protección de los alumnos dentro del sistema educativo. No obstante, el presidente de la ADP subrayó que este objetivo loable de proteger a la infancia y juventud no debe alcanzarse vulnerando los derechos fundamentales de los docentes ni poniendo en riesgo su integridad legal mientras cumplen con sus labores pedagógicas y administrativas.
La preocupación central del sindicato radica en que el nuevo marco legal podría generar interpretaciones que criminalicen acciones propias de la gestión docente, trasladando conflictos del ámbito administrativo o escolar al ámbito penal. Ante este escenario, la ADP considera imperativo que el contenido de los artículos cuestionados sea revisado y modificado para garantizar un equilibrio donde se proteja al estudiante sin desproteger al maestro.
Esta posición del gremio docente surge en un momento de alta tensión legislativa, ya que ha transcurrido menos de un mes desde que el Poder Ejecutivo promulgara el nuevo Código Penal. La implementación de esta ley ha desencadenado un amplio debate en diversos estratos de la sociedad dominicana, evidenciando que existen sectores que consideran que la normativa no ha sido lo suficientemente consensuada o que contiene vacíos y riesgos jurídicos.
La controversia no se limita únicamente al sector educativo. El texto fuente revela que el nuevo Código Penal está siendo cuestionado por múltiples actores sociales. En este sentido, se ha informado que la comunidad GLBT tiene previsto depositar una instancia formal ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El objetivo de este recurso es cuestionar diversos aspectos de la nueva normativa que, a juicio de este colectivo, podrían afectar sus derechos.
La coincidencia de las quejas de la ADP y las acciones previstas por la comunidad GLBT pone de relieve que la promulgación del Código Penal ha abierto un ciclo de impugnaciones y solicitudes de revisión. Para la ADP, la prioridad es evitar que el docente se convierta en un blanco de procesos judiciales por el simple hecho de ejercer su profesión, solicitando que se priorice la revisión de los artículos que podrían generar dicha inseguridad jurídica.
En conclusión, la Asociación Dominicana de Profesores se mantiene en estado de alerta y hace un llamado a la revisión de la ley para asegurar que la protección de los derechos de los estudiantes sea compatible con el respeto a los derechos laborales y civiles de los docentes, evitando así que el ejercicio de la enseñanza sea percibido como una actividad de alto riesgo legal.
