La sesión de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, celebrada este pasado 25 de agosto, se convirtió en el escenario de un fuerte enfrentamiento político y procedimental. El motivo central de la jornada fue la audiencia con el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, quien compareció como parte de un proceso de investigación legislativa orientado a analizar la administración y la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a las universidades estatales.
Este proceso de fiscalización pone un énfasis particular en el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), buscando desglosar la operatividad y el uso de estos fondos. La comparecencia del rector Araya no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un calendario de participaciones que también incluye a autoridades de otras instituciones de educación superior pública, así como a diversos representantes encargados del control de los recursos del Estado.
Sin embargo, el desarrollo de la sesión se vio empañado por una disputa sustancial respecto al uso de la palabra por el orden. Este mecanismo, fundamental en el debate parlamentario para corregir errores de procedimiento o plantear consultas sobre la marcha del acto, fue el punto de fricción entre los diputados de oposición y la presidencia de la comisión. Legisladores que no forman parte del bloque oficialista intentaron utilizar este recurso para cuestionar la forma en que se estaba conduciendo la audiencia, pero denunciaron haber encontrado restricciones para hacerlo.
El diputado Eder Hernández, representante del Partido Liberación Nacional (PLN), fue uno de los críticos más severos de la gestión de la sesión. Hernández dirigió sus cuestionamientos directamente hacia el presidente de la comisión, el diputado oficialista Gonzalo Ramírez. Según la denuncia presentada por el legislador del PLN, la presidencia impidió activamente que los diputados plantearan consultas estrictamente procedimentales durante el transcurso de la audiencia con el rector de la UCR.
Más allá de la limitación en el uso de la palabra, Hernández denunció un incidente relacionado con el equipo de apoyo técnico y profesional. El legislador aseguró que hubo un intento de utilizar al personal de seguridad de la Asamblea Legislativa para retirar de la sala a uno de sus asesores de comunicación. Ante lo que considera una vulneración de sus facultades y del debido proceso, el diputado Hernández anunció que procederá a presentar un recurso de amparo. El objetivo de esta acción legal es obtener un pronunciamiento oficial sobre las actuaciones denunciadas y garantizar que no se repitan este tipo de situaciones en futuras sesiones.
Por su parte, la diputada Sigrid Segura, integrante del Frente Amplio (FA), se sumó a las críticas sobre el desarrollo de la comparecencia. Segura enfatizó que la presidencia de la comisión no permitió el uso de la palabra por el orden para formular preguntas esenciales sobre el funcionamiento interno de la comisión y la metodología de la propia audiencia. Para la legisladora, el respeto al Reglamento de la Asamblea Legislativa es imperativo para asegurar la legitimidad de los procesos de fiscalización.
La diputada del Frente Amplio fue más allá en su análisis del contenido de la sesión. Según Segura, una parte considerable de las preguntas formuladas durante la comparecencia del rector Carlos Araya no guardaban una relación directa con el alcance de la moción original que dio inicio a la investigación. En este sentido, la legisladora sostuvo que la audiencia sufrió una desviación, transitando desde un análisis técnico y administrativo hacia cuestionamientos de índole política sobre la naturaleza y el rol de las universidades públicas en el país.
El malestar expresado por los diputados de oposición subraya una creciente tensión en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Mientras que el objetivo formal es la transparencia del FEES y los recursos estatales, el desarrollo de la sesión del 25 de agosto dejó en evidencia un conflicto sobre el control del debate y la aplicación de la normativa parlamentaria. Los legisladores afectados han insistido en que las próximas sesiones deben desarrollarse estrictamente de acuerdo con el reglamento vigente para evitar que la fiscalización se convierta en un espacio de confrontación política.
