En un reciente episodio del programa "Proyecto Colombia en Hora 20", un grupo de destacados expertos en economía y finanzas públicas analizaron las implicaciones de la aprobación parcial de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, así como los desafíos críticos que enfrenta el Estado colombiano en materia de sostenibilidad fiscal y crecimiento económico.
La discusión se centró inicialmente en la decisión de la Corte Constitucional. Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, calificó la medida como un avance para el país. No obstante, la directiva fue enfática al señalar que, aunque el paso es positivo, la reforma pensional pudo haber contado con un diseño más eficiente para optimizar sus resultados.
Más allá de la normativa pensional, Meléndez puso el foco en la delicada situación de las finanzas públicas nacionales. Según su análisis, existe una paradoja en la gestión del déficit fiscal: afirmó que resulta imposible superar el déficit sin una reforma tributaria, pero reconoció que también es un proceso difícil de lograr incluso contando con una. A pesar de este panorama complejo, mencionó que existen algunas señales positivas que podrían reactivar la economía nacional, resaltando específicamente el papel de la fiscalidad de los combustibles fósiles.
En relación con la estrategia de crecimiento, la directora de Fedesarrollo hizo un llamado urgente a mantener la disciplina fiscal. Advirtió que Colombia no debe caer en la creencia de que el crecimiento económico puede impulsarse únicamente a través de incentivos tributarios, ya que esto podría incrementar el déficit fiscal en lugar de potenciar la productividad. Para Meléndez, el camino correcto implica establecer una senda fiscal sostenible y enfocarse en objetivos de largo plazo.
Por su parte, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, profundizó en el impacto financiero directo de la reforma pensional. Salazar señaló que la reforma no posee neutralidad fiscal, lo que significa que genera un gasto adicional para el Estado. Si bien reconoció que se gana en términos de equidad al financiar a los adultos mayores —una acción que calificó como poco frecuente—, alertó sobre los costos derivados de la decisión de establecer un umbral de 2.3. Ante este escenario, Salazar planteó una interrogante fundamental sobre la sostenibilidad a largo plazo: de dónde provendrán los recursos para cubrir estos gastos.
Salazar también trasladó la crítica hacia la gestión de las regalías en el país. El experto describió como un "escándalo" el hecho de que se haya cerrado un recuento con 34 billones de pesos en regalías, especialmente cuando se considera la crisis económica y social dejada por el terremoto ocurrido en San José del Palmar. Para el director del Observatorio Fiscal, es imperativo repensar la manera en que se administran estos fondos.
En sintonía con la preocupación por los costos, César Pabón, director de investigación económica de Corficolombiana, subrayó la necesidad de prever las consecuencias de la reforma tanto para la ciudadanía como para el aparato estatal. Pabón opinó que el costo fiscal será considerable, señalando que, dentro del régimen contributivo, la implementación del umbral hace que la reforma resulte más costosa para el Tesoro Nacional.
Finalmente, Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), aportó una visión sobre los fines sociales de la reforma. Aunque reconoció que conlleva costos fiscales, calificó los objetivos como loables. Detalló que el funcionamiento del régimen semicontributivo representará el 0.2% del PIB, lo que equivale a 4 billones de pesos.
Para Ramírez, la viabilidad de las finanzas públicas depende estrictamente del desempeño económico. Aseguró que, si Colombia no logra un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) situado entre el 3% y el 4%, el país no tendrá la capacidad de pagar sus deudas actuales ni las futuras. Como solución complementaria, propuso fortalecer la descentralización, sugiriendo que es fundamental integrar los presupuestos de las grandes ciudades con el presupuesto del gobierno central, ya que los recursos centralizados son insuficientes para cubrir las necesidades del territorio.
