La plenaria del Senado de la República se prepara para abordar el segundo debate del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2027. La ponencia presentada para esta etapa mantiene el monto global del presupuesto en 634,9 billones de pesos, pero introduce una redistribución significativa de los recursos entre diversos sectores, priorizando la inversión nacional y el funcionamiento administrativo sobre el servicio de la deuda.
Uno de los ajustes más prominentes en el documento es la reducción del presupuesto destinado al servicio de la deuda pública nacional. Mientras que en el primer debate se habían aprobado 152,4 billones de pesos, la ponencia para el segundo debate propone disminuir esta cifra a 144,1 billones de pesos. Este movimiento representa un recorte de 8,36 billones de pesos, lo que equivale a una reducción del 5,5%. No obstante, este monto genera una observación particular, ya que difiere de los 6 billones de pesos que el senador Christian Garcés, ponente del proyecto, había señalado previamente como el acuerdo alcanzado con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Según la justificación del documento, este ajuste responde a la necesidad de realizar operaciones de reperfilamiento y un manejo estratégico de la deuda para priorizar proyectos de inversión y gastos de funcionamiento.
En contraposición a los recortes en la deuda, la cartera económica recibirá un impulso considerable. La ponencia propone adicionar 4,5 billones de pesos al Ministerio de Hacienda, lo que elevaría su presupuesto total de 43,5 billones a 48 billones de pesos. De este incremento, la mayor parte, 3,9 billones de pesos, se destinaría a inversión, mientras que 600.000 millones de pesos se asignarían a gastos de funcionamiento.
Asimismo, el sector de Minas y Energía experimentaría un incremento de 3 billones de pesos, pasando de un presupuesto de 7,5 billones a 10,51 billones de pesos. Estos recursos adicionales están destinados específicamente a financiar subsidios en las tarifas de energía eléctrica, gas por redes y Gas Licuado de Petróleo (GLP), además de cubrir el transporte de combustibles líquidos en las zonas de frontera.
La ponencia también contempla el fortalecimiento de diversas entidades de control y administración. En el rubro de Organismos de Control, se plantea una adición neta de 267.000 millones de pesos. Esta cifra resulta de sumar 310.000 millones de pesos y descontar 43.000 millones de la Procuraduría General de la Nación. Los fondos adicionales se orientarán a la modernización tecnológica, la implementación de inteligencia artificial y analítica, el seguimiento disciplinario y el robustecimiento de los programas de atención al ciudadano y derechos humanos.
En materia de información y democracia, el Dane recibiría 150.000 millones de pesos adicionales en inversión para optimizar la recolección de datos estadísticos oficiales. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral recibirían un total de 200.000 millones de pesos adicionales; la mitad para el control electoral del CNE y la otra mitad para reforzar la capacitación y el sistema de identificación nacional de la Registraduría.
Otras adiciones incluyen 100.000 millones de pesos para la Fiscalía General de la Nación, destinados a su capacidad operativa y organizacional, y 43.400 millones de pesos para la Universidad del Ministerio Público. En el sector de Defensa y Policía, se asignan 31.000 millones de pesos netos adicionales para el subsistema de salud de la Policía Nacional, recursos que provendrían de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Finalmente, el documento detalla una serie de recortes para financiar estas adiciones. En el sector de Planeación, se reducen 31.000 millones de pesos del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. En la Presidencia de la República, se disminuyen 12.000 millones de pesos de inversión de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. El sector Transporte también ve afectado el proyecto de la Aeronáutica Civil con un recorte de 15.600 millones de pesos, ajustando los aportes para el Aeropuerto del Café según el avance de las obras.
El recorte más significativo fuera de la deuda ocurre en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, donde se reducen 170.000 millones de pesos (30.000 millones en funcionamiento y 140.000 millones en inversión). La ponencia justifica esta medida como un ejercicio de racionalización del gasto, asegurando que se mantienen los recursos necesarios para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumpla con sus funciones misionales.
