La Cámara Federal de Casación Penal ha rechazado el pedido de las defensas para cerrar, debido al paso del tiempo, una de las causas más significativas por lavado de dinero dentro del sistema financiero argentino que involucra al banco BNP Paribas. En su resolución, el tribunal no solo desestimó la prescripción de la acción, sino que también procedió a actualizar los embargos preventivos sobre los ejecutivos acusados, elevando la suma total a casi 200 millones de dólares.
El proceso judicial, que se extiende por más de 25 años, se encuentra actualmente en el Tribunal Oral Federal 6, donde ha sido elevado a juicio oral y público. En esta instancia, un total de 14 imputados permanecen a la espera de ser juzgados por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado.
Los magistrados de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal —Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky— confirmaron por unanimidad el incremento de los embargos, los cuales alcanzan un monto global de 303.000 millones de pesos. Esta decisión convalida lo resuelto previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 el pasado 29 de mayo, medida que fue solicitada originalmente por la fiscalía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
En detalle, los montos actualizados ascienden a aproximadamente 31.233 millones de pesos para Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon; 24.987 millones de pesos para Christian Marie François Giraudon y Michel Michael Basciano; y 18.740 millones de pesos para el grupo de imputados compuesto por Osvaldo Rodríguez, Elba Guibernau, Daniel Omar Mónaco, Fernando Gabriel Celaya y Luis Pablo Cremona.
El tribunal de Casación fundamentó que esta actualización responde estrictamente a la depreciación monetaria ocurrida desde que los embargos fueron fijados originalmente en noviembre de 2019. Según los jueces, no se trata de una modificación de los criterios de cálculo establecidos en el pasado, sino de una medida necesaria para preservar el valor real de la garantía judicial frente a la inflación. El juez Hornos enfatizó que negar dicha actualización implicaría consentir la "licuación" de la garantía por el mero transcurso del tiempo.
Por su parte, las defensas habían presentado diversos recursos basados en la cosa juzgada, la proporcionalidad de las medidas cautelares, la presunción de inocencia y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Sostuvieron que el tribunal oral no podía alterar montos que ya habían quedado firmes y argumentaron que la actualización convertía la medida en una "pena anticipada". Específicamente, la defensa de Rodríguez, Guibernau y Mónaco invocó la edad y el estado de salud de sus representados, recordando que han pasado diecinueve años desde el allanamiento inicial y que gran parte de los hechos imputados ya habían sido archivados o desestimados en otras sedes judiciales.
Sin embargo, el juez Borinsky rechazó estos planteos, distinguiendo entre modificar el método de cálculo y actualizar un monto ya fijado, citando como antecedente la actualización por índice de precios al consumidor del decomiso en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, ratificada por la Corte Suprema en julio pasado. Respecto al plazo razonable, el magistrado señaló que las defensas omiten la complejidad del caso, la cantidad de imputados y el hecho de que el expediente ya se encuentra en etapa de juicio.
La investigación se centra en maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas al BNP Paribas entre los años 2000 y 2008. Se alega que, a través de una oficina de banca privada en la calle Alem 855 de Buenos Aires —que operaba al margen de los organismos de control—, se captaron y administraron fondos no declarados. Para ello, se habrían utilizado sociedades constituidas en el exterior y cuentas en diversos centros financieros internacionales con el fin de ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los activos.
La causa se originó formalmente en 2009 tras una denuncia del BCRA, luego de que investigadores que rastreaban un fraude contra la administración pública descubrieran el funcionamiento de este servicio de banca privada internacional no informado. La acusación sostiene que los imputados integraron una asociación ilícita destinada al lavado de activos y a infringir el régimen penal cambiario en 23 oportunidades, estimando los fiscales que se lavaron cerca de mil millones de dólares, aunque la base de cálculo para los embargos se fijó en 33,3 millones de dólares, correspondientes a las operaciones concretas imputadas.
A pesar de que la Cámara Federal y la Corte Suprema ya han rechazado planteos previos de prescripción, el caso aún tiene un frente abierto. En 2023, el Tribunal Oral Federal 6 había homologado un acuerdo de reparación integral del perjuicio que podría haber cerrado el caso sin llegar a juicio, pero la Cámara de Casación revocó dicha medida. Actualmente, el expediente aguarda una definición final por parte de la Corte Suprema de Justicia.
