La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) atraviesa una crisis financiera que ha llevado a la compañía a una zona de riesgo crítico. Actualmente, la empresa acumula una deuda cercana a los 22 millones de dólares con proveedores y contratistas, quienes, ante la imposibilidad de cobrar los montos adeudados, evalúan iniciar acciones legales. Este escenario ha abierto la posibilidad de que la firma estatal recurra a un pedido de concurso preventivo.
La problemática se ha profundizado tras casi dos años de actividad reducida y una marcada falta de capital de trabajo. A esto se suma la ausencia de decisiones por parte del Ministerio de Defensa, específicamente del secretario de Investigación, Política Industrial y Producción, Mario Katzenell, respecto a contratos clave que deberían garantizar el flujo de ingresos de la fábrica.
El deterioro financiero es reconocido en el propio presupuesto oficial, el cual proyecta para el año 2026 un pasivo total de 152.003,8 millones de pesos, una cifra que supera los ingresos operativos previstos para todo ese ejercicio. De acuerdo con la Resolución 1289/2026 aprobada por el Ministerio de Economía, el Plan de Acción y Presupuesto de FAdeA para este año proyecta ingresos operativos por 135.090 millones de pesos frente a gastos de operación de 149.610 millones, resultando en un saldo operativo negativo de 14.519 millones de pesos.
Este déficit expone un problema estructural: la actividad propia de la planta no es suficiente para financiar su funcionamiento. Si bien se proyecta un resultado financiero final positivo de 104,1 millones de pesos, este equilibrio depende estrictamente de transferencias y recursos corrientes de la Administración Nacional, gestionados por el ministro de Economía, Luis Caputo, y no de la generación genuina de fondos por parte de la empresa. En la práctica, el Estado evita una crisis de caja inmediata, pero no resuelve la problemática industrial.
La fábrica ha operado mediante el financiamiento involuntario de contratistas nacionales y extranjeros. Entre los acreedores se encuentran proveedores de conjuntos críticos como Elbit, Israel Aerospace Industries (IAI), Liebherr Aerospace, Honeywell, Lockheed Martin, Prodismo, MBA S.A, Inmeba SRL, DTA S.A, AOG y ADE SRL, muchos de ellos nucleados en la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE), quienes cuestionan la sostenibilidad de este esquema.
La paradoja de la situación radica en que FAdeA posee capacidades industriales reconocidas y un mercado potencial concreto. Sin embargo, dos acuerdos centrales para su recuperación permanecen sin formalizar: la actualización de los IA-63 Pampa y el mantenimiento de los C-130 Hércules. El titular de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, atribuyó esta demora a restricciones presupuestarias. Estas carpetas, que ya estaban pendientes durante la gestión de Luis Petri, continúan en el mismo estado bajo el mando del teniente general Carlos Presti.
La falta de estas órdenes de trabajo de largo plazo impide que FAdeA planifique su producción, compras e inversiones, rompiendo la cadena industrial. Según Marcelo Bertorello, secretario general del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA), la planta se encuentra prácticamente paralizada. La única excepción relevante es la producción de partes para el avión C-390 Millennium de Embraer, programa en el que FAdeA es socio de riesgo. De este proyecto se recibió un pago reciente de aproximadamente 3 millones de dólares, que el presidente de FAdeA, ingeniero Oscar López, aplicó parcialmente a compromisos salariales.
El riesgo no es solo financiero, sino también de capital humano. La empresa cuenta con una dotación de 705 trabajadores, de los cuales 519 son técnicos y profesionales especializados. La reducción de actividad y la falta de recomposición salarial desde hace tres años han provocado que personal calificado busque alternativas laborales, poniendo en riesgo la soberanía tecnológica del país.
Desde Córdoba, Fernando Sibilla, ministro de Industria provincial y ex presidente de FAdeA, subrayó que la empresa tiene un potencial enorme en mantenimiento militar, exportaciones y aeroestructuras, pero que depende totalmente de las decisiones de su accionista estatal. Sibilla también mencionó que la provincia exploró una alternativa de participación público-privada que no prosperó por falta de voluntad del Gobierno Nacional.
Ante este panorama, el gremialista Marcelo Bertorello cuestionó la definición del Estado sobre la empresa: si se pretende que sea una herramienta estratégica de mantenimiento, una firma exportadora, un proveedor regional o simplemente una sociedad estatal dependiente de transferencias presupuestarias.
