En una jornada legislativa que se extendió por aproximadamente 19 horas, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027, fijado en una cifra de $634,9 billones. La decisión final se tomó a las 3:43 a. m. de este martes 20 de octubre, momento en el que la plenaria de la Cámara de Representantes avaló el mismo texto que ya había sido respaldado previamente por el Senado, con una votación de 112 votos a favor de la iniciativa.
Este presupuesto representa un incremento del 14,2 % en comparación con el ejercicio fiscal de 2026. Los recursos serán destinados prioritariamente al funcionamiento del Estado, la inversión pública y el cumplimiento de obligaciones fundamentales, tales como el pago de pensiones. Asimismo, el documento contempla partidas específicas para sectores críticos como salud, educación, seguridad y subsidios de energía y gas.
El proyecto fue presentado ante el Legislativo por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien actuó en representación del presidente Abelardo De La Espriella. Tras culminar el trámite presupuestal, el Gobierno Nacional anunció que procederá a radicar un proyecto de ley de ajuste fiscal. Al respecto, el Congreso ha otorgado un plazo de 90 días para la presentación de la denominada “Ley de Rescate”, cuyo objetivo será implementar un recorte en el gasto del Gobierno.
Durante el trámite legislativo, se produjeron modificaciones sustanciales en la distribución de los recursos. Una de las más relevantes fue la adición de $3 billones para el sector salud, que se suman a los $2 billones ya previstos, alcanzando un total de $5 billones adicionales para solventar necesidades de financiación y enfrentar la crisis actual del sector. El ministro de Hacienda destacó que este ajuste fue el cambio más significativo de la jornada.
En materia de seguridad, el presupuesto asigna un total de $82,8 billones. De esta suma, $74,9 billones están destinados específicamente al sector de Defensa y Policía para el funcionamiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que los recursos destinados al Ministerio de Defensa sufrieron un aumento de $6,4 billones respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo.
Por su parte, el sector Trabajo contará con $66,9 billones, cifra que incluye $6,5 billones adicionales para el cumplimiento de obligaciones pensionales. Estos fondos también se orientarán a programas de productividad, emprendimiento, formación para el empleo y protección social, incluyendo los desarrollados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En el ámbito educativo, el presupuesto reconoce una brecha de $700.000 millones para cubrir el funcionamiento de las universidades públicas, además de la inclusión de $100.000 millones adicionales para educación.
El presupuesto también aborda compromisos financieros pendientes. Se asignaron $9,6 billones para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que no estaban explícitas en la propuesta original. En el sector de Minas y Energía, se aprobaron $3 billones adicionales para subsidios de gas y electricidad, elevando el presupuesto de este ministerio de $7,5 billones a $10,51 billones.
En el área de justicia, la Fiscalía General de la Nación recibirá $7,8 billones, incluyendo un refuerzo de $100.000 millones para su capacidad operativa y organizacional. En contraposición, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) experimentará una reducción de $181.400 millones, recursos que fueron trasladados al Ministerio de Defensa. Según la información oficial, este recorte no afectará las funciones misionales ni el funcionamiento de la JEP.
Desde una perspectiva macroeconómica, se reformuló la distribución entre el pago de deuda e inversión. El monto destinado a amortizar la deuda se redujo en $8,36 billones, quedando en $147 billones, mientras que la inversión aumentó en aproximadamente $7,74 billones (aunque el comunicado del MinHacienda reportó una cifra de $94,8 billones para inversión, un incremento de $7,9 billones frente al primer debate).
Como mecanismo de control, el texto aprobado obliga al Gobierno a entregar informes trimestrales sobre los gastos de la Nación y el dinero disponible en caja durante 2027. El senador Honorio Henríquez enfatizó que el presupuesto “no es un cheque en blanco” y aseguró que se vigilará la inversión de cada peso.
Finalmente, mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Hacienda agradecieron la seriedad de los debates, el representante Santiago Osorio, del Pacto Histórico, expresó críticas sobre el proceso de votación. Osorio advirtió que la financiación de los subsidios energéticos podría ser insuficiente para proteger a los hogares de menores ingresos y cuestionó los recortes a la JEP y la asignación de recursos para el campo y las víctimas del terremoto. El trámite en el Congreso ha finalizado y el documento queda ahora sujeto a la sanción presidencial.






