La jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, ha puesto el foco en un proyecto clave del Poder Ejecutivo que busca introducir novedades significativas en el sistema de salud mental. Tras enfrentar una resistencia inicial por parte del kirchnerismo y recibir observaciones en diversos distritos, la senadora porteña inició una serie de reuniones estratégicas con los ministros provinciales del área. El objetivo central de estos encuentros, que comenzaron hoy y se extenderán durante la jornada de mañana, es sondear las opiniones en todo el territorio nacional y presentar los cambios realizados al articulado original para sumar la mayor cantidad de voluntades posibles.
Actualmente, el proyecto de ley se encuentra bajo análisis de dos comisiones de la Cámara alta: la de Salud y la de Legislación General. En el marco de este proceso, Bullrich y el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, encabezaron hoy una serie de cónclaves vía Zoom. En estas reuniones participaron representantes de las comisiones mencionadas y los titulares de las carteras de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.
La agenda de diálogo continuará mañana con el resto de las provincias nucleadas en el Consejo Federal de Salud (COFESA). Durante la mañana, el equipo libertario se reunirá con los ministros de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones. Por la tarde, el turno será para los responsables de Salud de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja. Esta estrategia de acercamiento se produce luego de que, a fines de julio, se utilizara un sistema de "semáforo" para identificar los puntos de consenso y aquellos aspectos que resultaban más complicados de negociar.
En cuanto a los detalles técnicos del borrador, la sección de derechos y garantías propone la incorporación de acciones integrales de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria. El proyecto establece este esquema como un piso mínimo, permitiendo que cada provincia tenga la facultad de elevar los estándares según sus propias necesidades. Asimismo, se buscan precisiones más claras respecto al consumo de sustancias y los diagnósticos, incluyendo la restitución del concepto de “padecimiento”. Para ampliar la cobertura territorial, se detalla la modalidad de “teleconsulta” como herramienta tecnológica, junto con la integración de equipos interdisciplinarios y la posibilidad de dejar asentado el consentimiento o rechazo de tratamientos por adelantado.
El régimen de internaciones también ha sido reformulado. Para proceder con una internación, se requerirá la firma de dos profesionales del servicio asistencial, de los cuales uno deberá ser obligatoriamente médico, con preferencia por un psiquiatra. En los casos de internación involuntaria, el procedimiento tendrá luz verde únicamente ante un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física, ya sea del paciente o de terceros. Para situaciones excepcionales, el texto admite la intervención asincrónica del psiquiatra en un plazo ampliado de 48 horas. Además, el plan establece un límite de 180 días corridos, o acumulados en dos años en caso de repetición de internaciones, y regula el proceso de alta mediante una notificación anticipada a los representantes legales o familiares.
Respecto a los derechos de los familiares, el borrador reformula la recepción de información y orientación. Se establece un deber de cuidado con una definición precisa de lo que constituye un “pariente” y se garantiza que el Estado brinde respaldo a aquellas personas que carecen de una red familiar. Una vez otorgado el alta, se prevén hasta seis meses de tratamiento ambulatorio, el cual contará con un seguimiento judicial obligatorio cada 30 días.
Finalmente, el texto incluye artículos específicos para poblaciones vulnerables, dedicando un apartado a niños y adolescentes con consumo problemático de sustancias a través de equipos especializados. De manera taxativa, el proyecto prohíbe la creación de manicomios y la internación crónica, regulando además las inspecciones mediante protocolos que garanticen la dignidad y la confidencialidad.
Desde el plano político, La Libertad Avanza ha analizado la posibilidad de lograr un acompañamiento unánime mediante estas modificaciones. Tras determinar que no existía un acuerdo cercano con el kirchnerismo, el oficialismo ha redirigido sus esfuerzos para obtener el respaldo total de sus aliados. Bullrich y Lugones trabajan actualmente en resumir todas las modificaciones realizadas para los ministros provinciales, siendo este el paso final antes de avanzar hacia la firma de un dictamen que permita el posterior traslado del proyecto a la Cámara de Diputados.
