La administración del Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una semana decisiva y de alta tensión social. A medida que se acerca la entrada en vigencia del Decreto Supremo (DS) 5676, diversos sectores estratégicos del aparato productivo boliviano han manifestado un rechazo categórico a la norma, exigiendo su abrogación inmediata para evitar un colapso en los costos de producción y el abastecimiento de alimentos.
El punto central del conflicto es la implementación de un precio referencial inicial de 18 bolivianos por litro de diésel, dirigido a grandes consumidores, productores agropecuarios, campesinos, arroceros, cañeros y transportistas. Esta medida ha sido recibida con indignación por los sectores afectados, quienes advierten que el incremento se trasladará inevitablemente a los costos de producción, impactando finalmente en el precio de los productos básicos que llegan al consumidor final.
Desde la perspectiva oficial, el Gobierno sostiene que el DS 5676 es una medida necesaria para combatir el contrabando de combustible, eliminar las distorsiones existentes en el mercado y ajustar el precio de los grandes volúmenes de consumo al costo real de importación. Sin embargo, este argumento no ha logrado mitigar la molestia de los productores, quienes denuncian que la medida es "improvisada" y "discriminatoria".
La tensión ha escalado rápidamente en el Norte cruceño, donde la respuesta ha sido la más contundente. En las provincias de Warnes, Obispo Santistevan, Sara e Ichilo, diversas organizaciones, incluyendo centrales, subcentrales, sindicatos agrarios y asociaciones productivas, llevaron a cabo un ampliado de emergencia. El resultado de este encuentro fue un ultimátum al Gobierno: un plazo de 48 horas para derogar el decreto. De no obtener una respuesta favorable, los sectores anunciaron que se declararán en estado de emergencia y evaluarán la implementación de medidas de presión más radicales.
Las movilizaciones ya han comenzado a materializarse en las carreteras. El pasado domingo, productores de la zona de San Juan organizaron una caravana compuesta por aproximadamente un centenar de vehículos que se desplazaron hasta la carretera Santa Cruz-Cochabamba. Esta protesta provocó interrupciones intermitentes en la circulación vehicular, sirviendo como una advertencia sobre las acciones que podrían tomarse en los próximos días.
Paralelamente, en Guarayos, más de cincuenta productores arroceros y campesinos salieron a las calles en una marcha conjunta. Sus demandas no se limitan únicamente a la abrogación del DS 5676, sino que también denuncian la persistente escasez de combustible en la región. Javier Núñez, dirigente de la Central Única de Trabajadores Campesinos, ha sido enfático al advertir que las medidas se radicalizarán si la norma no es anulada. Por su parte, Ramiro Pérez, presidente de la Federación de Productores Arroceros, alertó que la combinación del alto costo y la falta de diésel podría comprometer seriamente el abastecimiento de arroz en el mercado interno.
Uno de los hitos más críticos de esta semana será el jueves 27 de agosto. En esa fecha, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) llevará a cabo un congreso extraordinario en Warnes. La organización, que ya se encuentra en estado de emergencia, utilizará este espacio para definir la posición oficial del sector agroindustrial frente al decreto y determinar posibles medidas de presión. Klaus Frerking, presidente de la CAO, ha advertido que el incremento en el precio del combustible elevará los costos operativos, afectando la competitividad y el precio de los alimentos. La CAO ha convocado a cámaras agropecuarias de todo el país, lo que sugiere que el conflicto podría escalar de una protesta regional en Santa Cruz a un movimiento de alcance nacional.
El sector transporte tampoco ha permanecido indiferente. La Confederación de Choferes de Bolivia se ha declarado en estado de emergencia y ha convocado a un ampliado nacional. Aunque el Gobierno ha aclarado que el precio de 9,80 bolivianos se mantiene para el transporte, los choferes cuestionan la severa escasez de combustible, señalando que sin diésel es imposible mantener las operaciones ni cumplir con sus obligaciones financieras.
Este escenario de crisis se ve agravado por datos alarmantes sobre la producción agrícola; se reporta que la falta de diésel ya ha demorado la cosecha de 1,5 millones de toneladas de sorgo. A este panorama se suman las críticas desde el ámbito religioso, donde Monseñor cuestionó públicamente la situación, preguntando hasta cuándo se seguirá "asfixiando" al país, al agro y al transporte por la carencia de combustible.
En resumen, el Gobierno de Rodrigo Paz se encuentra en una posición delicada, intentando defender una política económica orientada a reducir el gasto en importaciones y el contrabando, mientras se enfrenta a la movilización coordinada de los sectores que sostienen la seguridad alimentaria y el transporte del país.
