La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa una situación crítica tras la entrada masiva de miles de migrantes irregulares, un fenómeno que se intensificó los pasados días 30 y 31 de julio. Ante la gravedad de la crisis, el Gobierno de España ha anunciado la implementación de un mando único para coordinar las acciones en la ciudad, el cual estará encabezado por el ministro Ángel Víctor Torres y contará con la participación del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Esta medida, que ya había sido reclamada por el Partido Popular, se adopta casi un mes después del inicio de las incursiones masivas.
En el marco de este despliegue, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha desplazado a la ciudad para debatir un plan de apoyo económico y ha confirmado que el Consejo de Ministros declarará este martes la situación de especial interés para la ciudad autónoma. Cuerpo ha subrayado que la entrada masiva no puede "pasar factura" a la ciudad y ha revelado que más del 90% de las personas que ingresaron ilegalmente ya han sido devueltas a Marruecos. No obstante, ha destacado la obligación legal de acoger a aquellos que tengan derecho a permanecer en España, especialmente a los solicitantes de asilo y a los menores no acompañados, un proceso que conlleva una alta complejidad logística y burocrática.
Paralelamente, el Ejecutivo español ha solicitado formalmente a la Comisión Europea financiación de asistencia de emergencia. Esta solicitud busca reforzar la protección de las fronteras, mejorar las infraestructuras de seguridad y establecer una capacidad de acogida adecuada para los migrantes y menores no acompañados. Bruselas, que ha mantenido contacto estrecho con Madrid, evaluará la petición con celeridad.
En el ámbito sanitario, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha visitado Ceuta para supervisar el dispositivo de refuerzo. El Ministerio de Sanidad ha activado un sistema de seguimiento diario para adaptar los recursos según la demanda asistencial. En este contexto, se ha convocado a las comunidades autónomas para activar un mecanismo de solidaridad que permita el envío de 25.000 dosis de vacunas preventivas (15.000 de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, varicela y polio). Mientras que Aragón y Cantabria han manifestado su total apoyo y disposición a aportar sus reservas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de su presidenta Isabel Díaz Ayuso y la consejera Fátima Matute, ha criticado la "falta de planificación" del Ministerio y ha calificado la convocatoria de "chantaje".
La crisis también ha impactado en el sistema judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado un plazo para que jueces presenten sus candidaturas para reforzar el Juzgado de Ceuta, específicamente para investigar el aumento de agresiones sexuales derivadas de la invasión migratoria. Estas plazas se cubrirán mediante "comisión de servicio", una medida excepcional debido a la sobrecarga de trabajo. El Ministerio de Justicia ha asegurado que tiene preparados los créditos presupuestarios necesarios para formalizar estos refuerzos tan pronto como se completen los trámites administrativos.
Desde el plano político, la tensión ha escalado en el Congreso. La Diputación Permanente debatirá si el presidente Pedro Sánchez debe comparecer de forma extraordinaria, a petición del PP. Asimismo, se ha solicitado la comparecencia urgente de diez ministros. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha acusado a Sánchez de utilizar a sus ministros como "escudo humano" mientras él se encontraba de vacaciones, y ha propuesto trasladar a Ceuta todas las unidades de extranjería necesarias para agilizar los retornos. Por su parte, el ministro Pablo Bustinduy ha criticado la "estrategia política" de la derecha, acusando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de anteponer sus intereses políticos al interés general.
En otros ámbitos de la agenda gubernamental, el presidente Pedro Sánchez ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación, en una reunión donde participarán la CNI y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Además, la ministra Sara Aagesen ha solicitado comparecer en el Congreso para informar sobre la emergencia climática y la campaña contra incendios, reportando que hasta el 20 de agosto se han visto afectadas 262.030 hectáreas en España.
Finalmente, la actualidad política se ha visto salpicada por disputas ajenas a la crisis de Ceuta, como el enfrentamiento entre Óscar López (PSOE-M) e Isabel Díaz Ayuso por la polémica del "ático de Chamberí", y las críticas del ministro Óscar Puente hacia la gestión de los peajes en los gobiernos anteriores del PP. En el ámbito europeo, la eurodiputada Carmen Crespo ha solicitado que el Parlamento Europeo estudie el impacto del narcotráfico en las costas andaluzas debido al incremento de la inseguridad durante el verano.
