Gustavo Camacho, reconocido docente de Criminología y Ph. D. en Derecho Penal de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), ha manifestado la necesidad imperativa de que la Fiscalía General del Estado proceda, de manera inmediata, a tomar una declaración formal a Nadia Beller respecto a las graves acusaciones que ha realizado públicamente.
Para el abogado y criminólogo, el Ministerio Público debe adoptar un enfoque metodológico riguroso que permita separar con total claridad las dos vertientes que han surgido a raíz del caso Cerimedo-Beller. En primer lugar, debe atenderse la investigación penal relativa al ataque armado sufrido por Nadia Beller; y en segundo lugar, deben procesarse las denuncias de presunta corrupción que la víctima hizo públicas tras el atentado.
En declaraciones brindadas al medio EL DEBER, Camacho enfatizó que las acusaciones de corrupción no pueden permanecer únicamente en el ámbito del debate mediático. El experto solicitó que la Fiscalía convoque a Beller a la brevedad posible para que la mujer pueda precisar nombres, circunstancias y aportar los elementos probatorios que permitan determinar si existen indicios suficientes para iniciar un proceso penal.
“Si esta señora tiene pruebas, y además su afirmación es importante, el Ministerio Público es el llamado a inmediatamente recibir esas declaraciones”, afirmó el penalista. Según su análisis, es fundamental establecer si las denuncias cuentan con un respaldo probatorio sólido o si, por el contrario, deben ser aclaradas para evitar que la dignidad de personas que fueron señaladas públicamente continúe siendo cuestionada sin fundamentos legales.
Camacho fue enfático al advertir que cualquier acusación sobre hechos de corrupción requiere de elementos verificables y no puede sostenerse simplemente en referencias de terceros. Al respecto, remarcó que no es aceptable que se realice una aseveración de tal naturaleza si no se cuenta con la prueba correspondiente que la sustente.
Desde una perspectiva criminológica, el especialista señaló que las declaraciones de Beller deben ser analizadas considerando el contexto de la relación afectiva que habría mantenido con Fernando Cerimedo. Aunque aclaró que no ha tenido acceso directo al expediente judicial y que sus apreciaciones se basan en la información pública, planteó que la ruptura de una pareja, sumada a un estado de embarazo y a conflictos personales, puede generar una carga emocional significativa. Bajo esta premisa, sostuvo que es deber de la Justicia determinar qué afirmaciones de Beller pueden ser corroboradas de manera objetiva.
Asimismo, Camacho planteó la hipótesis de que la estrategia de involucrar públicamente a diversas autoridades y personas podría tener una finalidad de autoprotección. Explicó que, al aumentar la cantidad de personas mencionadas y elevar el interés público, se podría garantizar una mayor seguridad para Beller, permitiéndole así explicar, ratificar o incluso rectificar sus afirmaciones en un entorno más seguro.
No obstante, el experto subrayó que esta posible estrategia no debe ser motivo para desestimar las denuncias. Afirmó que el caso “no puede caber en la indiferencia”, especialmente cuando se trata de supuestos actos de corrupción. Para él, una investigación exhaustiva es la única vía para establecer si existió alguna irregularidad o para despejar las sindicaciones contra los involucrados.
El penalista marcó una diferencia tajante entre las denuncias de corrupción y la agresión física. Sostuvo que ningún conflicto de índole sentimental, económico o personal puede servir como justificación para un ataque armado contra una mujer, resaltando la gravedad extrema del hecho dado que la víctima se encuentra en estado de embarazo. “La vida es un valor superior a cualquier otro tipo de disvalor que tenga que ver con los apetitos personales, sexuales o amorosos”, sentenció.
En relación con la responsabilidad de Fernando Cerimedo, Camacho señaló que, si la investigación demuestra su participación en la planificación del ataque, se estarían configurando elementos especialmente graves dentro del proceso penal. Entre estos factores destacó la condición de embarazo de la víctima, la eventual contratación de terceros para ejecutar la agresión y la posibilidad de que el ataque tuviera como objetivo silenciar la revelación de otros hechos.
Finalmente, el abogado reiteró que el caso presenta dos escenarios que no deben mezclarse: el esclarecimiento del ataque armado para determinar autores materiales e intelectuales, y la verificación de las denuncias de corrupción mediante declaraciones, documentos y análisis de movimientos económicos. El objetivo final, según Camacho, debe ser excluir cualquier posibilidad de criminalidad funcional y reivindicar a quienes hayan sido injustamente afectados por las acusaciones públicas.
