La administración de justicia en Colombia enfrenta una nueva y grave crisis tras la publicación de una entrevista en la revista Semana, donde la exfiscal Lucy Laborde lanza fuertes acusaciones contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Según el testimonio de Laborde, la jefe de la Fiscalía le habría solicitado directamente retirar el cargo de lavado de activos en el proceso contra Nicolás Petro, sugiriendo que se mantuviera únicamente el delito de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la denuncia, la fiscal general argumentó que, aunque el delito de enriquecimiento ilícito conlleva una “pena muy larga”, el implicado la cumpliría en una guarnición militar. Laborde sostiene que esta conversación tuvo lugar en el despacho de la fiscal general, en una reunión donde también habrían estado presentes la delegada Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal y Alexandra Ladino Pinzón, quien para ese momento se desempeñaba como directora de lavado de activos.
Durante dicho encuentro, la fiscal general habría cuestionado la viabilidad del cargo de lavado de activos. Laborde afirma que, antes de interrogarla, Camargo consultó a la doctora Aura Liliana sobre las implicaciones legales de dicho delito, a lo que esta última respondió que la consecuencia directa sería el ingreso de Nicolás Petro a la Lista OFAC, una medida restrictiva de Estados Unidos que afecta gravemente las finanzas y movilidad internacional de los implicados. A pesar de que Laborde explicó que existían elementos suficientes para mantener el cargo, la presión institucional parece haber prevalecido.
Este episodio ha encendido las alarmas sobre la imparcialidad de la Fiscalía en el manejo de casos que involucren al entorno cercano del presidente Petro. La situación se vuelve más compleja considerando que el presidente Abelardo de la Espriella presentó recientemente el ‘Libro de la Verdad’, un documento que recopila 80 casos de presunta corrupción y detrimento patrimonial. El interrogante que surge en el ámbito político es quién asumirá la investigación de estos casos si la fiscal general Camargo permanece en el cargo hasta marzo de 2028.
La denuncia de Lucy Laborde podría ser parte de un patrón sistemático dentro de la Fiscalía. Laborde no solo fue apartada de su cargo y del caso de Nicolás Petro, sino que denunció que dos de sus investigadores fueron capturados bajo lo que ella describe como una orden directa de la fiscal general. Este no sería un hecho aislado, ya que desde marzo de 2024, Camargo habría removido a otros fiscales de procesos sensibles. Entre ellos se encuentran Mario Burgos, quien había logrado llamar a juicio a Nicolás Petro, y Andrés Marín, encargado de la investigación contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, proceso que mantenía bajo vigilancia a cerca de 40 personas.
En paralelo a las tensiones judiciales, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha revelado detalles sobre sus nombramientos estratégicos. Se confirmó que María Consuelo Araújo, la nueva embajadora en Estados Unidos, fue la candidata favorita del mandatario para integrar su fórmula a la vicepresidencia. Sin embargo, tras un análisis estratégico, el equipo de campaña determinó que, al pertenecer ambos a la región Caribe, el nombramiento no sumaría votos electoralmente. Por esta razón, se optó por un perfil del centro o occidente del país, lo que llevó a la elección de José Manuel Restrepo.
Finalmente, se han revelado detalles sobre la situación personal del expresidente Gustavo Petro tras dejar la Casa de Nariño. Debido a la venta de su propiedad en la urbanización Santa Ana de Chía, derivada de su divorcio con Verónica Alcocer, y la ruptura de su relación con Vanesa Cortés, el expresidente se encontró sin un lugar donde residir. Ante esta situación, el exsenador Gustavo Bolívar le brindó un apartamento de su propiedad para que pudiera vivir mientras encuentra una ubicación definitiva.
El panorama político se cierra con una paradoja institucional durante la presentación del ‘Libro de la Verdad’. En la mesa principal acompañaron al presidente De la Espriella el procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Rodríguez. El hecho resulta llamativo ya que ambos funcionarios son, precisamente, quienes deben liderar las investigaciones sobre los 80 casos de corrupción denunciados en el libro. Mientras Rodríguez está próximo a dejar su cargo, Eljach continuará dos años más, dejando abierta la pregunta sobre por qué estos casos no fueron investigados oportunamente.
