Para muchos emprendedores en Managua, el medidor de luz es el mayor enemigo de su crecimiento. Sergio tiene una pequeña pulpería; sus clientes le piden vender carnes y perecederos, pero ha decidido no expandirse. ¿La razón? El costo de la energía eléctrica. Su factura mensual subió de mil doscientos a dos mil córdobas, y añadir un refrigerador más haría que los gastos superen las ganancias.
No es un caso aislado. Guillermo, administrador de un restaurante, paga entre veinticinco mil y treinta y cinco mil córdobas al mes. Para sobrevivir, evita el uso de aire acondicionado y prioriza la venta de productos que no requieren refrigeración, como vinos y licores, para reducir el impacto en su presupuesto.
Expertos consultados por Confidencial explican que este problema es sistémico. El economista Marco Aurelio Peña señala que la alta participación estatal en las distribuidoras Disnorte y Dissur genera una burocracia que encarece la tarifa y crea ineficiencias operativas. Por su parte, el economista Juan Sebastián Chamorro advierte sobre la obsolescencia de la red eléctrica, destacando que las fugas técnicas en Nicaragua son muy superiores a las de otros países de Centroamérica.
A esto se suman impuestos locales, altas tasas de interés bancarias y un sistema tarifario diseñado para castigar el consumo. El resultado es un monopolio sin un regulador independiente, donde el costo energético bloquea la innovación y la generación de empleo, obligando a los negocios a mantenerse en una escala micro para no quebrar.
Mientras el sistema eléctrico siga operando bajo un monopolio sin contrapesos, el crecimiento de los pequeños negocios en Nicaragua seguirá limitado por el costo de encender una luz.
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