El sector de los cisterneros en Bolivia ha anunciado la ejecución de un paro nacional de actividades que entrará en vigor a partir del próximo lunes 24 de agosto. Esta medida drástica, que afectará tanto al transporte internacional como al nacional, surge como respuesta a una serie de reclamos económicos y operativos que, según los dirigentes del sector, no han sido atendidos por las autoridades correspondientes, específicamente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El motivo principal de esta movilización es la falta de pagos pendientes que YPFB mantiene con los transportistas desde el mes de marzo. Esta situación ha generado una crisis financiera profunda dentro del gremio, llevando a los trabajadores a una situación límite. Sergio Kosky, dirigente del sector, ha sido enfático al describir la gravedad del escenario actual, afirmando que los cisterneros se encuentran "heridos de muerte" debido a la imposibilidad de sostener sus operaciones sin recibir la contraprestación económica por sus servicios.
Kosky detalló la compleja y agotadora dinámica logística a la que se enfrentan los transportistas. Según explicó, los conductores deben soportar periodos de espera extenuantes, llegando a permanecer hasta 15 días haciendo fila para poder cargar combustible, seguidos de otros 15 días dedicados estrictamente al viaje de traslado. A pesar de este esfuerzo operativo, muchos de ellos acumulan entre cuatro y cinco meses sin recibir los pagos correspondientes a sus trabajos, lo que hace insostenible la continuidad de sus actividades en favor del abastecimiento del país.
Ante este panorama, el sector cisternero no se limitó únicamente al reclamo de los pagos atrasados. Los transportistas plantearon a YPFB una serie de demandas adicionales destinadas a mejorar las condiciones de trabajo y la viabilidad económica de su actividad. Entre estas peticiones se encuentran la revisión exhaustiva de los procesos de licitación, la nivelación de los precios de los fletes y la instalación inmediata de mesas de trabajo donde se puedan discutir soluciones reales y concretas. Sin embargo, Kosky denunció que las respuestas recibidas por parte de la empresa estatal han sido meramente dilatorias, evitando llegar a acuerdos efectivos, lo que llevó al sector a consensuar la medida de paro a nivel nacional.
Paralelamente a los reclamos de los cisterneros, la Cámara Boliviana del Transporte ha manifestado su descontento y cuestionado un decreto emitido recientemente por el Gobierno. Dicha normativa ajusta el precio del diésel para los denominados grandes consumidores, una medida que, lejos de solucionar los problemas de distribución, ha sido recibida con críticas por parte del gremio. Luis Añez, presidente de la institución, sostuvo que el decreto no ha cumplido su objetivo, afirmando que "lo único que ha traído este decreto es más fila, más especulación".
Añez subrayó que la crisis logística persiste y que los transportistas continúan varados en las estaciones de servicio, donde deben esperar entre tres y cinco días para poder cargar el combustible necesario para sus rutas. Esta ineficiencia en la carga y distribución agrava la tensión ya existente entre el sector transporte y el Ejecutivo.
En busca de una salida sostenible, el sector ha solicitado al Gobierno la implementación de soluciones estructurales. Una de las propuestas más destacadas es la liberación de impuestos aplicada a la importación y comercialización de combustibles, con el objetivo final de reducir su precio y optimizar la cadena de suministro.
El impacto de este paro nacional podría ser significativo para el país, ya que las cisternas desempeñan un papel fundamental y crítico en la logística energética. Son estas unidades las encargadas de trasladar la gasolina y el diésel desde las plantas de almacenamiento hasta las estaciones de servicio en todo el territorio nacional. Una interrupción en este flujo podría comprometer la distribución de carburantes, afectando la movilidad y diversas actividades económicas que dependen directamente de estos insumos.
