El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de nuevas sanciones dirigidas contra tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas. Estas medidas afectan a sectores estratégicos de la economía de la isla, tales como la minería, la metalurgia y el comercio exterior, incluyendo específicamente al Ministerio de la Construcción. Esta acción se enmarca en la campaña de presión ejecutada por la Administración de Donald Trump contra el Gobierno de La Habana.
A través de un comunicado oficial, el Departamento de Estado detalló que la designación de estas nueve entidades y tres personas tiene como objetivo impulsar una iniciativa integral diseñada para poner fin a lo que califican como "actividades malignas del régimen cubano", tanto dentro del territorio de la isla como en el resto del hemisferio occidental.
Entre los individuos sancionados se encuentran tres altos directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap), una organización que ya había sido blanco de medidas previas por parte de Washington. Los afectados son su presidente, Fernando González Llort; la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández; y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire. Cabe destacar que González Llort fue uno de los cinco espías cubanos pertenecientes a la denominada Red Avispa que fueron condenados en Estados Unidos antes de ser liberados y repatriados a Cuba.
El secretario de Estado, Marco Rubio, utilizó la plataforma X para anunciar las medidas, afirmando que el régimen cubano ha empleado grupos pantalla durante décadas con el fin de infiltrarse entre los ciudadanos estadounidenses, corrompiéndolos y radicalizándolos. Asimismo, Rubio aseguró que las nueve entidades señaladas en la lista cumplen la función de sostener y financiar el aparato represivo del Gobierno en La Habana.
En cuanto al listado de entidades afectadas, además del Ministerio de la Construcción, Washington incluyó a la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la importadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial.
La lista de sanciones se extiende también a otras organizaciones como Coratur, la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y Piezas (Transimport), la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport) y Acorec, una agencia dedicada al suministro de personal cubano para compañías extranjeras que operan en la isla.
Marco Rubio emitió una advertencia severa para cualquier actor externo, señalando que cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos entes sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma. El secretario de Estado instó a los bancos extranjeros y a otras empresas que custodien fondos o presten servicios a las entidades afectadas a tomar medidas inmediatas para cortar todos sus vínculos.
Desde La Habana, el canciller cubano Bruno Rodríguez reaccionó este mismo jueves, acusando al jefe de la diplomacia estadounidense de actuar con el "propósito deliberado" de impedir que el Gobierno de Cuba pueda garantizar la prestación de servicios básicos a su población. Según Rodríguez, estas medidas dificultan la transportación de contenedores que llevan alimentos, medicinas y dispositivos médicos, insumos que, según afirmó, son adquiridos en gran medida por mipymes privadas cubanas.
El ministro cubano calificó las sanciones como parte de una "fracasada obsesión" de Washington contra su país. Asimismo, salió en defensa del Icap, describiéndolo como una institución que, durante más de seis décadas, se ha dedicado a promover la justicia, la paz, la solidaridad internacional y la amistad.
Estas nuevas designaciones forman parte de una serie de medidas adoptadas en los últimos meses por la Administración Trump. Washington ha intensificado la presión económica sobre La Habana, extendiendo las sanciones a empresas extranjeras vinculadas a sectores considerados estratégicos, entre los que destacan los servicios financieros, la defensa, la minería y la energía.
A principios de agosto, Marco Rubio ya había advertido al Gobierno cubano que no encontraría una "válvula de escape" ante esta estrategia, asegurando que Estados Unidos no permitiría que La Habana simplemente ganara tiempo esperando el final del segundo mandato de Trump.
Esta ofensiva estadounidense ocurre en un momento de profunda crisis económica para Cuba, donde se registran escasez de alimentos, medicinas y combustible, además de una inflación elevada y apagones prolongados. Mientras que el Gobierno de La Habana atribuye gran parte de esta situación a las sanciones impuestas por Estados Unidos, diversos economistas y expertos señalan que las causas centrales radican también en la mala gestión gubernamental y la falta de reformas internas.
