La ciudad autónoma de Ceuta ha sido escenario este jueves de un complejo operativo policial destinado a desmantelar los asentamientos informales situados en la playa del Trampolín y la zona de la Loma Colmenar. En una acción ejecutada a primera hora de la mañana, la Policía Nacional desplegó un dispositivo compuesto por treinta furgones con el objetivo primordial de trasladar a los migrantes que pernoctaban en dichas áreas hacia nuevos espacios de acogida temporal habilitados por el Gobierno central. Estas personas se encontraban acampadas en la zona desde finales de julio, periodo en el cual se registró una entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas procedentes de Marruecos.
Sin embargo, la operación no transcurrió según lo previsto. Apenas unas horas después de que las fuerzas de seguridad despejaran la zona y se iniciaran las labores de limpieza, aproximadamente medio millar de personas volvieron a ocupar las chabolas. Esta reocupación imprevista obligó a las autoridades a suspender temporalmente los trabajos de desmantelamiento que se estaban realizando con maquinaria pesada, debido a que no existían las garantías de seguridad necesarias para continuar la actividad en presencia de los manifestantes y ocupantes.
Este giro en los acontecimientos ha provocado una serie de versiones contradictorias entre las instituciones involucradas. Por un lado, fuentes policiales sostuvieron que los cerca de 500 migrantes que regresaron a la playa no eran las mismas personas que habían sido desalojadas por la mañana, sino individuos que se encontraban ocultos en las zonas montañosas y en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal (CETI), y que decidieron bajar a la costa por la tarde. Por el contrario, la Delegación del Gobierno señaló que se trataba de personas que ya habían sido desalojadas durante la jornada matutina y que optaron por regresar al lugar, recordando además que el acceso a las nuevas instalaciones de acogida es estrictamente voluntario.
La falta de consenso no se limitó a la causa de la reocupación, sino que se extendió al censo de los asentamientos. Mientras que las fuentes policiales estiman que en la playa malvivían hasta 4.000 personas, el Ejecutivo rebajó considerablemente esa cifra, situándola en aproximadamente 1.500 individuos. Esta discrepancia en los datos subraya la complejidad de la gestión migratoria en el territorio.
Desde el Gobierno, a través de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha defendido la operación destacando el enfoque humanitario. El objetivo es ofrecer una alternativa de alojamiento que evite que los migrantes sigan pernoctando en la vía pública o en la arena, especialmente considerando que las condiciones en la playa eran infrahumanas, contando solo con dos baños y escasas duchas para miles de personas. El despliegue de 1.800 plazas temporales en Loma Margarita y El Embolsamiento se materializó en poco más de 48 horas, superando el compromiso inicial de 1.500 plazas.
No obstante, esta gestión ha generado tensiones políticas. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, criticó la medida asegurando que el simple traslado de personas a distintos puntos de la autonomía no constituye una voluntad real de resolver el problema de fondo. Vivas ha urgido a acelerar la tramitación de los expedientes de devolución para recuperar la normalidad en la ciudad. En este sentido, el presidente informó que la Policía Nacional está tramitando expulsiones a un ritmo de entre 25 y 30 expedientes diarios. Por su parte, la ministra Saiz explicó que, una vez instalados en los nuevos centros, se han elaborado los primeros listados de identificación para decidir posteriormente el futuro individual de cada migrante.
En cuanto a la logística del traslado, la Delegación del Gobierno informó que la mayoría de los desalojados se desplazaron a pie escoltados por la Policía Nacional, aunque se habilitó transporte para quienes presentaban problemas de movilidad. Un detalle relevante fue la segregación de los grupos: las personas de origen subsahariano fueron dirigidas al centro de Loma Margarita, mientras que los de origen magrebí fueron trasladados a Loma Colmenar. Esta decisión fue tomada para evitar enfrentamientos, dado que en las últimas dos semanas se habían registrado diversas trifulcas entre ambos colectivos.
