El sistema portuario de Cuba se encuentra en un estado de profunda obsolescencia que impide que se convierta en un motor efectivo para la reconstrucción económica del país. De acuerdo con un exhaustivo diagnóstico técnico publicado por el Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales, organismo adscrito a la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), la infraestructura actual no podrá superar sus deficiencias mediante la aplicación de "parches coyunturales", sino que requiere una transformación sistémica.
Para revertir esta situación, la organización propone la implementación de un Plan Maestro Portuario Nacional con un horizonte de 25 años. Esta hoja de ruta estratégica debería integrar cuatro pilares fundamentales: una inversión sostenida, la garantía de seguridad jurídica, una reforma institucional profunda y el respeto estricto a los derechos de los trabajadores del sector.
El estudio advierte sobre una paradoja crítica: aunque Cuba posee una ubicación geográfica sumamente favorable, esta ventaja no se traduce en una capacidad operativa real. El informe señala que, con la única excepción de la Zona Especial del Mariel, la red portuaria nacional presenta un bajo nivel tecnológico, limitaciones severas de dragado, un deterioro avanzado de los muelles, debilidad en los accesos terrestres y una baja integración multimodal.
La magnitud de este rezago operativo queda evidenciada al realizar una comparativa regional. Mientras que en el año 2023 Cuba movilizó un total de 311.127 TEU (unidades equivalentes a contenedores de 20 pies), un solo puerto en Florida, como es el caso de JAXPORT, ha proyectado mover más de 1,38 millones de TEU para el año fiscal 2025. Esta brecha subraya la necesidad urgente de una modernización a gran escala.
La propuesta de la ASIC para corregir este desfase estructural se basa en una especialización funcional estricta de la red portuaria. Bajo este esquema, el puerto del Mariel se consolidaría como el hub nacional de contenedores, centro de logística internacional y zona especial. Por su parte, el puerto de La Habana sería reorientado hacia un perfil urbano y turístico, enfocándose en la recepción de cruceros, ferris y marinas, además de llevar a cabo una reconversión de su frente marítimo.
En cuanto a los puertos de Matanzas y Cienfuegos, la propuesta sugiere que se especialicen en la gestión de graneles, energía y agroindustria, operando bajo estándares elevados de seguridad ambiental. Finalmente, el puerto de Santiago de Cuba quedaría definido como la "puerta logística del oriente", centrando su actividad en la carga regional y el cabotaje.
En el ámbito institucional, la ASIC defiende la transición hacia un "modelo landlord". En este sistema, el Estado conservaría la propiedad del suelo y la planificación estratégica de los puertos, mientras que la operación técnica de las terminales se delegaría a operadores privados a través de procesos de concesión transparentes. Esta transición requeriría la aprobación de una Ley General de Puertos y la creación de una Autoridad Portuaria Nacional.
El plan financiero asociado a estas reformas estima inversiones prioritarias en diversos rangos. Se calculan entre 30 y 80 millones de dólares para la digitalización, específicamente para la implementación de una Ventanilla Única y un Port Community System. No obstante, la cifra más elevada se destinaría a la infraestructura ferroviaria y la protección costera, con una inversión estimada de 2.500 millones de dólares.
Un aspecto central del análisis es la protección del capital humano. La ASIC enfatiza que la modernización tecnológica no debe ser una excusa para generar despidos masivos o precarización laboral. Para evitar esto, proponen adaptar los principios de los contratos suscritos en Estados Unidos entre la International Longshoremen's Association (ILA) y la United States Maritime Alliance (USMX).
Aunque la organización aclara que no pretende importar mecánicamente las escalas salariales extranjeras, insiste en la creación de un "Programa Nacional de Trabajo Decente Portuario". Este programa debería estar respaldado por una Mesa Nacional Tripartita, asegurando la libertad sindical, la creación de estatutos laborales por oficio y la inclusión de cláusulas de "transición justa frente a la automatización".
El informe concluye que los trabajadores portuarios deben ser considerados actores estratégicos en este proceso. Según la ASIC, cualquier intento de modernización que ignore la negociación colectiva, la formación profesional y la seguridad y salud en el trabajo podría derivar en conflictos sociales y pérdida de legitimidad. Para la organización, la reconstrucción económica de la isla es inviable sin instituciones transparentes y sin poner fin a la exclusión laboral.
