El panorama político nacional se encuentra sumido en una intensa controversia tras la publicación de un informe detallado por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella. El documento, titulado "Libro de la Verdad", advierte sobre el presunto despilfarro de más de 6,8 billones de pesos en el sector salud durante la administración del expresidente Gustavo Petro. El análisis revisó el destino de estos fondos públicos en el periodo comprendido entre el último trimestre de 2022 y junio de 2026, identificando lo que el nuevo gobierno califica como graves deficiencias en la transparencia y el seguimiento del gasto.
De acuerdo con los hallazgos del informe, los recursos fueron destinados principalmente a la financiación de equipos básicos de salud. Esta estrategia tenía como objetivo fortalecer la atención primaria en las zonas más rurales y apartadas del país, integrando equipos multidisciplinarios compuestos por médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos y trabajadores sociales vinculados a Empresas Sociales del Estado (ESE). Si bien la meta era ampliar el acceso a servicios esenciales, la auditoría señala que el Ministerio de Salud no implementó los mecanismos de evaluación necesarios para medir la efectividad de dicha inversión.
La crítica central del equipo de empalme, liderado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, radica en la ausencia de indicadores verificables de impacto. El informe es tajante al afirmar que el Ministerio de Salud financió estos equipos básicos durante cuatro años sin poder demostrar un solo resultado concreto. El documento sostiene que no existe evaluación alguna sobre el impacto producido en la atención, concluyendo que el gobierno anterior solo puede informar el monto gastado, pero no cómo se tradujo ese gasto en mejoras reales para la población. Bajo esta premisa, el "Libro de la Verdad" califica el programa no como una política pública, sino como una "caja de gasto sin control ni rendición de cuentas".
El diagnóstico incluye alertas graves sobre la ejecución financiera. A junio de 2026, el nivel de ejecución de los recursos se ubicaba en apenas el 29%. Resulta particularmente llamativo que el 67% del presupuesto asignado se invirtiera entre el año 2025 y el primer semestre de 2026, lo que, según los autores del informe, evidencia una concentración tardía del gasto y una preocupante falta de control sobre el destino de los fondos. A esto se suma la falta de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud, organismo que, según el reporte, no fiscalizó la ejecución de estos recursos.
El informe también pone de relieve una paradoja entre el desembolso de dinero y el deterioro de la prestación de servicios. Mientras se comprometían billones de pesos, se reportaron retrasos en la atención, incumplimientos en la entrega de medicamentos y un aumento de los pasivos con EPS, IPS y proveedores. Entre 2022 y junio de 2026, las EPS intervenidas acumularon más de 1,5 millones de peticiones, quejas y reclamos, de los cuales 645.794 se referían específicamente a medicamentos no entregados.
Otro punto crítico mencionado es la asignación de más de 2,2 billones de pesos el 29 de diciembre de 2025 para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria. El Gobierno de De la Espriella denuncia que estos fondos se comprometieron al cierre del año fiscal sin contar con presupuestos de obra, diseños definitivos ni estudios de conveniencia. Asimismo, se señala que de los 16,1 billones de pesos destinados a la salud en el periodo analizado, solo se formalizó el 28,3%. Esta baja tasa de legalización llevó a la Contraloría General de la República a no aprobar la cuenta fiscal de 2025, formulando 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tienen incidencia disciplinaria y uno fiscal.
Estas acusaciones generaron una reacción inmediata de exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro. Pedro Arnulfo Sánchez, exministro de Defensa, manifestó sus reparos a través de la red social X, argumentando que la falta de un proceso de empalme impide conocer la verdad. Sánchez subrayó que los empalmes garantizan transiciones responsables y profesionales, y advirtió que quienes renuncian a este proceso corren el riesgo de interpretar información descontextualizada o incompleta y presentarla como una verdad absoluta. El exministro sentenció que publicar desinformación toma minutos, mientras que desmentirla exige tiempo y evidencia, concluyendo que los efectos negativos de renunciar al empalme no los paga un gobierno, sino que los paga Colombia.
Finalmente, ante la gravedad de los hallazgos, el actual Gobierno ha anunciado la implementación de un plan de choque por valor de 10 billones de pesos para estabilizar el sistema de salud y garantizar el acceso a los servicios básicos. El Ejecutivo se ha comprometido a mejorar la rendición de cuentas y a adoptar nuevas herramientas de monitoreo para asegurar que la inversión pública se traduzca en beneficios efectivos para la ciudadanía.
