El gabinete ministerial liderado por la presidenta Keiko Fujimori atraviesa un momento de tensión interna debido a una discrepancia pública entre dos de sus integrantes. El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, y el titular de Justicia, Ernesto Álvarez, han mantenido un intercambio de posturas respecto a la gestión del museo del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, conocido ampliamente como LUM. Mientras que el ministro de Justicia ha propuesto trasladar la administración del centro cultural a su cartera, Beingolea ha salido en defensa de la estructura actual.
El pasado 18 de agosto, durante un evento público, el ministro Alberto Beingolea fue categórico al responder a las sugerencias de su colega de gabinete. El titular de Cultura calificó la propuesta de traslado como una simple "opinión" y subrayó que no existe ninguna fisura en el equipo gubernamental, a pesar de las diferencias expuestas. Según Beingolea, la administración de todos los museos del país es una competencia exclusiva y establecida del Ministerio de Cultura.
En sus declaraciones ante los medios de comunicación, Beingolea enfatizó que no se trata de un acto de "ceder" terreno administrativo, sino de respetar las funciones asignadas a cada sector. "Es la opinión del ministro, punto. El museo al que hace referencia (LUM) está dentro del sector cultura y no tengo nada que opinar al respecto", señaló el funcionario. Asimismo, reiteró que su ministerio asumirá lo que le corresponde, dejando claro que los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura y que cualquier otra postura es una opinión respetable, pero no vinculante.
Por otro lado, el origen de esta controversia se encuentra en las declaraciones previas de Ernesto Álvarez, ministro de Justicia. Álvarez ha cuestionado abiertamente la razón por la cual el LUM se encuentra bajo la tutela de la cartera de Cultura. En una entrevista concedida al medio Caretas, el titular de Justicia argumentó que la lucha antiterrorista no posee una naturaleza cultural, razón por la cual el museo debería ser trasladado a la organización del Ministerio de Justicia.
El argumento central de Álvarez se basa en la necesidad de que el museo mantenga un "relato moderado" que esté al servicio de toda la nación y no responda a los intereses de un grupo político determinado. Desde su perspectiva, el cambio de administración permitiría ajustar la narrativa del espacio para que sea más equilibrada y sirva a todo el país.
Para contextualizar el conflicto, es necesario precisar la función del LUM. Este museo se dedica a narrar la historia del periodo del conflicto armado interno vivido en el Perú entre los años 1980 y 2000. Su contenido abarca la dictadura de Alberto Fujimori y recoge los testimonios y relatos de los familiares de las víctimas de aquel periodo.
La tensión escaló el pasado 17 de agosto, cuando el ministro de Justicia utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para difundir una carta suscrita por diversos juristas y figuras políticas. En dicho documento, los firmantes exhortan a la presidenta Fujimori a disponer el traslado inmediato del LUM al Ministerio de Justicia.
Los autores de la misiva consideran que la propuesta es "muy interesante", fundamentando su postura en que el sentido pedagógico del museo se ve actualmente limitado. Según el texto, el LUM presenta elementos con "rasgos ideologizados", lo que, a juicio de los firmantes, justificaría un cambio de mando para corregir el enfoque.
Asimismo, los juristas y políticos sugieren que es imperativo reforzar la pluralidad en el relato histórico. Plantean que el museo debe reconocer a aquellas personas que lucharon y se sacrificaron en defensa de la democracia, en contraposición a quienes atentaron contra la vida de las personas. El objetivo final, según sostienen los firmantes, sería avanzar hacia un verdadero proceso de reconciliación nacional.
Además de la cuestión del LUM, el grupo de firmantes planteó en el mismo documento la necesidad de realizar una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para sustentar esta demanda, compararon la situación con la dictadura de Nicolás Maduro.
Hasta el momento, la respuesta oficial del Ministerio de Cultura se mantiene firme en la legalidad administrativa. Alberto Beingolea ha insistido en que, aunque respeta todas las opiniones, la estructura organizativa del Estado sitúa a los museos bajo su sector, asegurando que no hay ninguna fisura en el gabinete a pesar de la propuesta del ministro de Justicia.
